Espacio Legal en los medios

Demandarán a Belén Esteban por insinuar que Portero consumía estupefacientes

Noticias otras sentencias 30 de noviembre, 2017

 

(…)Esta mañana fue el acto conciliación en el Juzgado de Paz de Paracuellos de Jarama, lugar de residencia de Belén Esteban. Ella no acudió, fueron sus abogados. Estos dijeron que las afirmaciones no eran ciertas, pero el letrado de Ángela Portero, Marcelino Tamargo Menéndez (Director de Espacio Legal Despacho de Abogados), aseguró tener pruebas y testigos suficientes sobre las insinuaciones, de cara al juicio. En este encuentro se rechazó llegar a cualquier tipo de acuerdo. Por tanto, el siguiente paso es demandar por vía judicial a Belén Esteban por atentar contra el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen tras las insinuaciones realizadas(…)

 

Leer noticia completa (29 de noviembre de 2017 – Que.es)

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Entrevista en Gestiona Radio: Sentencia del Supremo que declara la nulidad de una hipoteca multidivisa

Radio 16 de noviembre, 2017

El 15 de noviembre el Tribunal Supremo declaró la nulidad parcial de una Hipoteca Multidivisa, sentando jurisprudencia en este sentido. Fran Gregoris, Director del Programa Economía a las Dos de Gestiona Radio, entrevista a Marcelino Tamargo, Director y Fundador de Espacio Legal Despacho de Abogados, que analiza la repercusión y consecuencias legales de la sentencia.

 

Entrevista emitida el 16 de Noviembre de 2017

 

 

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¿Puede un juez mercantil anular la venta del Popular? Debe demostrar que era insolvente.

Sin categoría 31 de octubre, 2017

 

La solicitud de concurso necesario de acreedores para el Banco Popular ante el juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid abre nuevas incertidumbres para los afectados por su resolución y venta al Santander. ¿Puede un juez español anular la decisión de un organismo europeo como la JUR? Aunque lo consideran muy improbable, varios abogados consultados explican que sí. Para ello, tendría que contar con evidencias suficientes de que la entidad era insolvente antes de su resolución y que sus administradores, encabezados por el expresidente Emilio Saracho, lo sabían y lo ocultaron. En todo caso, los accionistas tampoco recuperarían nada de su dinero por esta vía.

(…)

Entonces, si a los accionistas salen beneficiados, ¿a quién le puede interesar el concurso de acreedores? Marcelino Tamargo, socio del bufete Espacio Legal, da una respuesta sorprendente: al propio Santander. Su tesis se basa en que el comprador del Popular está viendo que “lo tiene muy negro” porque se está dando cuenta de que, o bien el Tribunal de la UE, o bien la Audiencia Nacional, van a declarar nula la resolución y venta de la entidad. En cuyo caso, si no puede devolverla (algo muy complicado tras la venta del ladrillo del Popular a Blackstone), tendría que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones a los accionistas, que se cifran en torno a 2.000 millones. Precisamente por este temor, habría ofrecido los bonos de fidelización a los minoristas a cambio de no ir a los tribunales.

Con el concurso, evitaría tener que pagarlas, siempre según esta teoría, ya que los demandantes tendrían que sumarse a la masa del concurso para cobrar con los activos del Popular. Y como su valor es negativo, no cobrarían nada. Esto requiere que la jueza asuma que las operaciones realizadas por el Santander tras la adquisición del Popular se han hecho de buena fe, por lo que no las declararía nulas. Además, según Tamargo, esto tendría la ventaja de que todas las demandas contra el Popular por otras cuestiones -como las cláusulas suelo- también tendrían que ser vistas por el juez mercantil. De ahí que crea que, detrás de esta solicitud, está la mano de Uría & Menéndez, los abogados de confianza del Santander. El resto de expertos consultados no comparten esta visión y consideren que lo que le interesa al Santander es seguir haciendo operaciones con el Popular.

Leer noticia completa (31 de octubre de 2017 – elconfidencial.com)

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Las cláusulas suelo siguen atascadas

Sin categoría 17 de septiembre, 2017

Ni arbitraje, ni juzgados especiales: las cláusulas suelo siguen atascadas

Los casos de cláusulas suelo siguen atascados, a pesar del  mecanismo extrajudicial puesto en marcha por el Gobierno en enero y de los juzgados especializados que entraron en vigor en junio. Asociaciones de consumidores y abogados consultados por eldiario.es prevén un aumento de este tipo de demandas porque los casos no se están solucionando mediante el arbitraje y acaban “judicializados”. Los abogados señalan que los juzgados están “colapsados”, a pesar de que algunos de ellos ya están viendo cómo se incrementan los medios. (…)

Juzgados específicos

Desde junio de este año, los casos de cláusulas suelo tienen que presentarse ante los juzgados especializados que se han creado en las capitales de provincia. En total, hay 54 juzgados de Primera Instancia, uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear, cada uno con un juez titular. El Consejo General del Poder Judicial dice que a medida que se vayan conociendo cifras de ingresos hará una valoración ajustada de las necesidades para poder aumentar los medios. De esta forma, para los juzgados con mayor carga hay la posibilidad de incrementar los juzgados con jueces refuerzo. 

Un sistema que rechazó la Abogacía Española porque considera que produce un “sobrecoste” añadido a los ciudadanos que deben desplazarse y que genera una “desigualdad” entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos porque hace que estos tengan que destinar más recursos. 

“Hay un colapso total de los juzgados, no avanza nada”, dice Marcelo Tamargo, fundador de Espacio Legal, un despacho de abogados que tiene presencia en varias ciudades españolas, y que añade que “prácticamente ninguno va bien”. Tamargo señala que de las demandas que han presentado todavía no han recibido ningún aviso de que han entrado a trámite. (…)

Leer noticia completa (11 de septiembre de 2017 – eldiario.es)

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El fin de las hipotecas en yenes

Sin categoría 11 de septiembre, 2017

Una sentencia del alto tribunal prevista para el próximo 21 de septiembre sentará jurisprudencia y acelerará los procesos en el el caso de préstamos multidivisa

Los clientes de hipotecas multidivisa, aquellas nominadas en una moneda distinta del euro, conocerán antes de que acabe el año qué posibilidades tienen de encauzar su vida financiera. El Tribunal Supremo dará a conocer el próximo 21 de septiembre una sentencia que será un antes y después sobre estos casos. Se calcula que unas 70.000 personas contrataron durante la última burbuja inmobiliaria una hipoteca referenciada en otra moneda, habitualmente el yen japonés.

(…)

Claridad de los argumentos

En opinión de abogado Marcelino Tamargo, del despacho Espacio Legal, la sentencia del Supremo deberá establecer con claridad los argumentos que hacen que las hipotecas multidivisa sean consideradas productos financieros complejos y sujetos por tanto a procedimientos de contratación claros. Las entidades que más contrataron esos productos fueron Barclays, Bankinter y La Caixa. En algunos casos, la búsqueda de soluciones extrajudiciales amistosas ha sido lo más habitual. 

La posición de los bancos

En primera instancia, los jueces han tendido hasta ahora a dar la razón a los clientes afectados. Así ocurrió por ejemplo en una sentencia de marzo de este año en el juzgado número 11 de Oviedo. En ese caso, Bankinter consideró que “tanto en la fase precontractual, como en el propio contrato y con posterioridad cumplió con la normativa protectora de los consumidores y que el actor reconoció en el contrato que las cláusulas relativas a la cuantía del contrato, el vencimiento y amortizaciones, el tipo de interés y las comisiones, habían sido negociadas individualmente, lo que debería excluir automáticamente la posibilidad de que sean declaradas abusivas”. Sin embargo, el juez falló en contra del banco.

(…) Según esa directiva Mifid, los clientes minoristas no deberían haber sido objetivo comercial de los bancos en el caso de las hipotecas multidivisa, ya que necesitaban información personalizada sobre las consecuencias de la contratación del producto, algo que en la mayoría de las hipotecas firmadas hasta el 2008 no se hizo, según la perspectiva de los afectados. “Nunca se llegó a explicar la complejidad del producto en todas sus facetas”, asegura Tamargo.

Leer noticia completa (9 de septiembre de 2017 – elperiodico.com)

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Artículo en Iuris & Lex de El Economista, por Marcelino Tamargo

Sin categoría 14 de agosto, 2017

Taxista, autónomo y empresario: a mi banco sí le protege el Derecho

POR MARCELINO TAMARGO MENÉNDEZ Fundador y Director del despacho Espacio Legal

 

Leía recientemente un acertado comentario del ilustre Juan Luís Ibarra, presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco (Diario Vasco, 12 junio 2017), en el que afirmaba: “En una sociedad democrática madura, las clausulas suelo no volverían a los Tribunales”. Estoy de acuerdo, aunque creo que la apreciación es incompleta.

Ahora más que nunca, los que vivimos el día a día de la Administración de Justicia, los que la sufrimos y amamos, notamos cómo se puede distinguir de una manera clara y contundente la diferencia entre tribunales progresistas -unipersonales o colegiados- y tribunales conservadores. Pese a disponer de una legislación clara en materia de Condiciones Generales de la contratación, nadie excepto los Tribunales que considero progresistas -no de izquierdas expresamente, sino aquellos que estudian de manera exhaustiva la adaptación de las normas al tiempo que vivimos- son capaces de dar solución a los problemas tan graves que las empresas y los autónomos están viviendo con las cláusulas suelo, comisiones, gastos bancarios y hostigamiento financiero.

Por esto indico que la afirmación es incompleta. Nos olvidamos que el Derecho debe proteger a aquellos que, de forma no negociada individualmente, están sufriendo condiciones económicas leoninas y el precio de un sistema financiero feroz. Pequeños empresarios y autónomos a los que los Tribunales les dice: “Lo siento: usted no es consumidor, déjenos en paz”. Y a golpe de copiar y pegar sentencias hundimos cada vez más a pequeñas economías que mantienen a consumidores, para favorecer al creador de las condiciones leoninas.

Los Tribunales decimonónicos ultraconservadores dicen que lo “escrito y firmado se debe cumplir”, y que, por lo tanto, no hay Derecho que aplicar a esta situación. ¿No hay derecho?, ¿cómo que no?, claro que lo hay: se llama Ley de Condiciones Generales de la Contratación y simplemente hay que aplicarlo conforme al tiempo en el que estamos, una doctrina que, por cierto, recoge el Código Civil en su artículo 3.1: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

Así que, a mi modo de ver, ser progresista jurídicamente consiste en buscar todas las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico español e interpretarlas conforme a cada momento. En el caso que nos ocupa tenemos el artículo 8 de la LCGC que deja claro que las condiciones no negociadas individualmente sin contraprestación alguna son nulas y, por lo tanto, da igual que se hayan firmado que, como he señalado anteriormente, es el argumento en el que se escudan muchos tribunales a la hora de dictar sentencia. No son capaces de mirar más allá de nuestro ordenamiento interno, de ahí esa tendencia hacia un criterio conservador, por no decir desolador. Afortunadamente, hay audiencias y juzgados que, siguiendo la normativa (LCGC) bajo los principios de la directiva comunitaria, se pronuncian de manera más avanzada. La legislación comunitaria es una puerta que abre muchas posibilidades a la hora de determinar la validez o nulidad de lo firmado. Un ejemplo lo tenemos en la Comisión Lando, que establece el principio general de actuación de buena fe en la contratación (artículo 1:201) y prevé la nulidad de cláusulas abusivas sea cual fuere la condición -consumidor o no- del adherente. Igualmente, el artículo 9 de la Ley de 29 diciembre de 2004 sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales viene a sancionar cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena fe y actuación leal.

En ambos casos, se hace referencia a la buena fe contractual. Sin embargo, el análisis sujeto a la supervisión de esta buena fe y el equilibrio en las prestaciones se muestra endeble ante la realidad de aquellos clientes que se encuentran atrapados en el clausulado de un contrato bancario, que por el mero hecho de la condición de no consumidor, no encuentra amparo legal en similares términos, habida cuenta que el supuesto de hecho es similar en la mayoría de los casos.

En esta línea se encuentran algunos avances jurisprudenciales como los de la Audiencia Provincial Barcelona, que en sentencia nº 280/2015 plantea la utilización del término de “clientela” para lograr una mejor protección del adherente no consumidor: “(…) pese a que el adherente no sea consumidor, es conveniente que este Tribunal vuelva a recordar que en la normativa bancaria -Órdenes Ministeriales, Circulares del Banco de España- se utiliza un término más amplio que el de consumidor o usuario, que es el de “clientela”, como ámbito subjetivo merecedor de protección y que entronca con el concepto de adherente -consumidor o profesional- que emplea la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (…)”. También comienzan a alzarse voces a favor de una mayor protección del adherente no consumidor, en los términos que acoge el voto particular formulado por Francisco Javier Orduña Moreno con ocasión de la Sentencia de 3 de junio de 2016. Concluyendo el voto particular que “la  jurisprudencia, en su innegable función de decantación y aplicación de estos nuevos principios informadores, puede y debe proceder a la interpretación extensiva del control de transparencia en la contratación entre empresarios, sin que la ausencia de un reconocimiento expreso de la normativa al respecto sea excusa para su no aplicación. Lo contrario es, una vez más, como decía don Federico de Castro, quedarse en la corteza de las palabras de la norma y no atender a la médula o razón de ser que la vivifica y orienta su aplicación con relación a los valores y principios que la informan”.

La problemática que afecta a autónomos y pequeños empresarios debe abordarse desde el ámbito del Derecho interno, pero también del comunitario, tal y como sugiere el artículo 4 bis LOPJ, que vincula a los juzgados y tribunales en la aplicación del Derecho de la Unión Europea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que emane de aquel. Y hay que abordar el debate, en consonancia también con el citado voto particular, apuntando a la aplicabilidad del principio de transparencia a los medianos y pequeños empresarios, sin perder de vista  que el principio de transparencia encuentra respaldo en los principios latentes también en nuestro Derecho comunitario.

Publicado en Iruis & Lex de El Economista – 11 de agosto de 2017

http://diario.eleconomista.es/i/859639-iuris-11-agosto-2017/63?m4=

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Afectados Banco Popular perfilan sus acciones judiciales

Sin categoría 2 de julio, 2017

Los afectados por la caída de Banco Popular perfilan sus acciones judiciales

(…) Marcelino Tamargo, socio del despacho Espacio Legal, explica que hay varios tipos de afectados por la quiebra de Popular. Por un lado, los accionistas de toda la vida, por otro lado los que acudieron a la ampliación del año pasado y por último, los especuladores. Tamargo señala que estos últimos ya sabían a lo que se enfrentaban y que no podrán tomar acciones. En el caso de los accionistas de toda la vida, la línea de actuación sería pedir la responsabilidad civil de la entidad (ahora en propiedad de Santander). Mientras que en el caso de la ampliación, las acciones serían contra el antiguo consejo de administración por administración desleal. (…)

Leer noticia completa (30 de junio de 2017 – eldiario.es)

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El BdE abre la vía a la administración desleal de Saracho en Popular

Sin categoría 24 de junio, 2017

El subgobernador del BdE abre la vía a la administración desleal de Saracho en Popular

La revelación por parte del Banco de España de que Saracho no peleó hasta el final por la salvación del Popular abre la puerta a las querellas por administración desleal

 

(…) “Este comportamniento denunciado por el Banco de España puede ser tipificada como administración desleal porque el consejo habría incumplido sus obligaciones de gestionar el patrimonio de la mejor manera para los accionistas y, con ello, les habría causado un prejuicio porque lo han perdido todo”, explica Marcelino Tamargo, socio del bufete Espacio Legal. Con el añadido de que es el propio supervisor el que denuncia estos hechos, lo que supone un argumento de autoridad muy difícil de rechazar por un juez. (…)

No obstante, los despachos de abogados de muestran prudentes antes de iniciar acciones legales por este motivo, por la confusión y el secretismo que rodea el final del Popular, y por sus propias estrategias procesales. (…) Tamargo también prefiere esperar antes de emprender acciones judiciales a tener mayor claridad sobre lo ocurrido y, en todo caso, piensa que es la Fiscalía la que debe actuar de oficio para investigar los hechos revelados por el subgobernador. (…)

Leer noticia completa (24 de junio de 2017 – elconfidencial.com)

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Demandas contra el Banco Santander

Sin categoría 8 de junio, 2017

Los problemas de Banco Popular no se acaban: los abogados prevén un aluvión de demandas contra Santander

En caso de demostrarse el falseamiento del folleto de la ampliación de capital de mayo de 2016, el comprador de la entidad, Santander, sería responsable directo por la vía civil.

(…) Marcelino Tamargo, socio del despacho Espacio Legal, cree que “el sentido común” invita a pensar que Santander se avendrá a establecer algún tipo de compensación para los accionistas del Popular mediante algún tipo de canje. Su pronóstico es que “perderán el 80% del valor de su inversión, que ya era el que era”: 31 céntimos de euro por título antes de la intervención. “En el fondo el Santander lo que quiere son clientes”, apunta.

En su opinión, “no es una buena noticia para los inversores de Banco Popular” que su comprador haya sido la entidad de Botín. “Con su propia deuda subordinada, los Valores Santander, sus propios clientes ya perdieron el 60% de la inversión. No es un buen precedente”.

Leer noticia completa – eldiario.es 7 de junio 2017

 

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Autónomos cláusula suelo

Portada Portada Portada Portada Portada Portada Portada Portada Portada Portada Prensa escrita Prensa escrita Prensa escrita Prensa escrita Prensa escrita Prensa escrita Prensa escrita Prensa escrita Prensa escrita 28 de marzo, 2017

Así es la batalla de los autónomos en los tribunales contra las cláusulas suelo

Los autónomos no están incluidos en el mecanismo extrajudicial que puso en marcha el Gobierno para la reclamación de las cláusulas suelo

“No somos ni Amancio Ortega, ni El Corte Inglés”, dice Isabel, una autónoma que encontró una cláusula suelo en su hipoteca y se queja de se trate igual a las pequeñas, medianas y grandes empresas

(…)”Esto lo que hace es que haya una discrecionalidad absoluta en los tribunales en función de que sean conservadores desde el punto de vista jurídico o más progresistas”, apunta Marcelo Tamargo, abogado y fundador del despacho Espacio Legal, que explica que la defensa de estos autónomos se basa en explicar que no ha habido “negociación” en la inclusión de esta condición en el contrato y que supone una “desproporcionalidad”. “Ningún autónomo, ni ninguna pyme tiene capacidad de negociación con un banco”, apunta.

Leer artículo completo (El diario.es 27 de Marzo 2017) 

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Espacio Legal cuenta con sedes en Madrid, Gijón, Barcelona y Málaga. Desde ellas trabajamos en toda España y cualquier país en el que nuestros clientes tengan intereses. Somos pioneros en la lucha contra las malas prácticas bancarias, labor que se nos ha reconocido con la concesión del premio “El Suplemento 2016” en la categoría de Derecho Financiero. A día de hoy nos ocupamos de todo tipo de especialidades jurídicas.

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