Notas de prensa

La abogada que defiende Espacio Legal ha dejado claro en su primer día de declaraciones que no se apropió del dinero de sus clientes

Sin categoría 9 de mayo, 2018

  • La abogada acusó el cansancio debido a la fuerte medicación que toma por la enfermedad mental crónica que padece.

 

A partir de las 10:15 de la mañana continúa en la Audiencia Provincial de Oviedo la causa contra la abogada avilesina acusada de quedarse presuntamente con dinero de sus clientes. Continuará respondiendo a las preguntas de la Fiscal después de que ayer se suspendiera el juicio un poco antes de lo previsto por la  indisposición que sufrió a causa del cansancio y su delicado estado de salud mental. Durante la vista tuvo que pedir un receso de cinco minutos para tomar la medicación que tiene pautada para tratar la enfermedad crónica que padece. Antes de este momento dejó claro con sus respuestas que no se apropió de nada.

 

Gijón, 09 de mayo de 2018

La fiscal continuará hoy con el interrogatorio a la acusada acerca de las causas que quedaron pendientes de ayer. El juicio tuvo que ser suspendido después de dos horas de interrogatorio tras sufrir una indisposición la acusada, debido al cansancio y a la tensión nerviosa acumulada. Cabe recordar, que toma una fuerte medicación con la que se trata de la enfermedad mental crónica que padece y por la que la Seguridad Social le concedió la incapacidad permanente en el año 2013. De hecho, durante el juicio tuvo que pedir un receso de cinco minutos para tomar una de las 18 pastillas que forman parte de su tratamiento. Tras ese intervalo se sumió en el llanto y no pudo continuar respondiendo. En ese momento, teniendo en cuenta el estado de salud psíquico de la acusada, la magistrada, Covadonga Sánchez, decidió suspender el juicio y reanudarlo hoy.

Hasta entonces, la abogada respondió a todas y cada una de la preguntas del ministerio fiscal sin ambigüedades, justificando en cada caso los motivos de los encargos, los trabajos realizados y los conceptos facturados. También explicó que las cantidades cobradas a los clientes se hacían a través de facturas para la sociedad a la que pertenecía y no a su nombre. Para el abogado defensor, Marcelino Tamargo, “ tras la declaración de hoy no se ha podido demostrar que hubiera cometido ninguna negligencia ”.

Libre Absolución

Tras finalizar la primera jornada de interrogatorios, la defensa continúa con la intención de pedir la libre absolución de la abogada. Además, Marcelino Tamargo, ha pedido incluir informes psiquiátricos recientes de la acusada así como una serie de documentos que servirán para demostrar que no se apropió de cantidad alguna de la sociedad. También se ha solicitado que se declaren prescritas varias de las causas.

Enfermedad Mental

La acusada padece dos trastornos psíquicos, uno disociativo de la personalidad y otro bipolar que han sido diagnosticados como crónicos y que la incapacitan para desempeñar cualquier tipo de trabajo, tal y como le fue reconocido en 2013 por la Seguridad Social. Debido a este cuadro psíquico, ha tenido tres intentos de suicidio, el más grave arrojándose desde la ventana de su antiguo despacho en la localidad avilesina de Piedras Blancas, del que le salvó un tendedero contra el que impactó.

 Espacio Legal referente en Derecho Penal Económico

Espacio Legal, el despacho de abogados que dirige el letrado Marcelino Tamargo Menéndez, se ha convertido en los últimos años en un referente nacional en delincuencia económica y se ha consolidado en el ámbito del Derecho Penal Económico. Además se ha especializado en asuntos complejos, como este de la abogada avilesina, en el que aparecen la mayoría de los delitos tipificados en el Derecho Penal Económico a lo largo de los 42 casos que se verán en el juicio y para lo que se requiere un enorme dominio de la materia.  El Derecho Penal Económico precisa de un asesoramiento legal altamente especializado y personalizado.

 

Más información sobre el caso:

Noticia día 8 de mayo : La defensa de la abogada avilesina acusada de apropiación indebida, está convencida de su inocencia y así lo mantendrá en el juicio que se inicia hoy.

 

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La defensa de la abogada avilesina acusada de apropiación indebida está convencida de su inocencia y así lo mantendrá en el juicio que se inicia hoy

Sin categoría 8 de mayo, 2018

  • La abogada padece un trastorno agudo de la personalidad que le llevó a arrojarse desde la ventana de su antiguo despacho.
  • La defensa anuncia querellas, una de ellas por apropiación indebida, contra el ex compañero profesional y sentimental de la abogada, al que también achaca responsabilidad por culpa “in vigilando”.
  • Algunas de las denuncias se interpusieron a instancias de terceros que claramente intentan desligarse de sus responsabilidades echando la carga de la culpa sobre la abogada avilesina. 
  • El juicio comienza hoy a las 10.30 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo y está previsto que concluya el 24 de mayo.

 

A partir de hoy comienza en la Audiencia Provincial de Oviedo la causa contra la abogada avilesina acusada de quedarse presuntamente con dinero de sus clientes. El juicio, que estaba previsto se celebrara en octubre del pasado año, tuvo que suspenderse por la baja del magistrado ponente y ante la necesidad de tener que buscar a otro juez que le sustituyera. Durante este tiempo la defensa, encabezada por el letrado Marcelino Tamargo Menéndez del Despacho de Abogados Espacio Legal, ha seguido trabajando en la estrategia inicial: demostrar que no se apropió de nada, que algunas de las denuncias que pesan contra ella con falsas y que padece una grave enfermedad mental que pudo haber causado que cometiera negligencia en algunos casos. En la jornada de hoy y mañana está previsto que declare la acusada.

 

Gijón, martes 8 de mayo de 2018

El 23 de Octubre de 2017, era la fecha prevista para el inicio del juicio. Sin embargo tuvo que ser suspendido ya que poco antes de que diera comienzo, el magistrado designado como ponente puso en conocimiento de la sala que se encontraba de baja por enfermedad. Al tratarse de una causa de gran complejidad, con un elevado número de testigos y mucha documentación, la posibilidad de sustituirle por otro ni siquiera se barajó. Cabe recordar que el ponente es quien lleva el peso de la causa, quien estudia a fondo el caso y redacta la sentencia, por lo tanto el sustituto ha tenido que encargarse de examinar de nuevo las pruebas e instruir el proceso.

Para el abogado defensor, Marcelino Tamargo Menéndez la dilación ha servido para seguir ahondando en la estrategia de la defensa: ella no se apropió de nada y por lo tanto se pedirá la absolución de todos los cargos que se le imputan excepto en aquellos en los que pudo haber negligencia por su enfermedad” y añade que “está convencido de que ningún juez va a condenarla por algo que no ha hecho”.

Enfermedad mental “Cluster B”

La acusada padece una enfermedad mental que causa un trastorno agudo de la personalidad del tipo “Cluster B” y que le ha sido diagnosticada de manera crónica. Esta dolencia le llevó no sólo a estar ingresada en varias ocasiones en centros psiquiátricos, si no a atentar contra su propia vida varias veces, una de ellas arrojándose por la ventana del despacho que compartía en la localidad asturiana de Piedras Blancas con su exsocio. Debido a su situación, en el año 2013, la Seguridad Social declaró su incapacidad absoluta para desempeñar cualquier tipo de trabajo por enfermedad mental. Los informes periciales realizados, así como las pruebas recabadas por la defensa, confirman que la enfermedad crónica ya existía antes de que se cometieran los hechos delictivos que se le imputan y por lo tanto estaba incapacitada para desempeñar correctamente su trabajo.

Culpa “In Vigilando” y querella

Esta situación era de sobra conocida por su exsocio de despacho con el que además mantenía una relación sentimental. De hecho él mismo le acompañó en varias ocasiones al psiquiatra por lo que podría haber incurrido en responsabilidad por culpa “in vigilando”, al no haber impedido que siguiera desarrollando su actividad laboral, pese a no estar en condiciones mentales de hacerlo y con el consiguiente riesgo de que los clientes no recibieran el servicio más adecuado para sus intereses legales.

El exsocio de la abogada está personado como acusación particular y se exime de responsabilidades. Aduce que no era conocedor de los aspectos económicos y contables del despacho, un extremo difícil de creer porque todos los beneficios se repartían a partes iguales entre ambos y por la relación tan estrecha que les unía, que trascendió de lo laboral a lo personal y sentimental. De hecho era tal la confianza de la abogada en él, que le otorgó un poder para desarrollar cualquier gestión en referencia la sociedad profesional y otro “lo más amplio en derecho posible” en su esfera personal.

Por otro lado, Marcelino Tamargo del Despacho de Abogados Espacio Legal que es quien se encarga de la defensa, ha anunciado que cabe la posibilidad de interponer como mínimo una querella por apropiación indebida contra el ex socio de la abogada. Pese a que tan pronto como se inició este proceso se apresuró a desprenderse de su condición de socio, siguió sirviéndose de bienes y del saldo de las cuentas existente en las cuentas de la sociedad profesional que ambos compartían.

Casos prescritos y denuncias falsas

De las 52 causas iniciales, algunas fueron desestimadas al no apreciar el juzgado ningún tipo de delito, en otras se retiraron las acusaciones y algunas prescribieron, de hecho alguna más lo hará durante el proceso que se inicia mañana. Finalmente son 39 las acusaciones particulares, aunque Marcelino Tamargo del Despacho de Abogados Espacio Legal, ha anunciado que se defenderán de 42, ya que creen que algunas de las denuncias son falsas y la intención del letrado es poder seguir un proceso contra estos denunciantes. También está convencido de que muchas de ellas son fruto de un “efecto contagio” al que muchas personas se sumaron para aprovecharse de la situación y animadas por terceros que claramente intentan desligarse de sus responsabilidades echando la carga de la culpa sobre la abogada avilesina.
Tamargo ha explicado que se hará un análisis causa por causa, ya que hay denuncias que se interpusieron por no conseguir el cliente los resultados esperados y explica: “eso no significa que la abogada no haya hecho su trabajo e, independientemente del resultado, debe de cobrar sus honorarios”. En otros casos, las denuncias carecen de documentación y se basan sólo en declaraciones verbales y por último, en muchas de ellas no hay carga probatoria alguna.

Negligencia

Sin embargo existen unos pocos casos en los que la acusada pudo haber incurrido en negligencia profesional. A causa de la enfermedad mental que padece no estaba en condiciones de desempeñar su trabajo como abogada, pero la misma enfermedad le hacía no ser consciente de ello y no era capaz de distinguir lo que podía o no podía hacer. Pero esto no quiere decir que se apropiara de nada de manera indebida o que se quedara con algo que no le correspondía, si no que su actuación profesional no fue la más adecuada.

Por su parte la denunciada está “con muchas ganas de declarar para poder dar su versión de los hechos, pese a que para afrontar esta situación ha tenido que tomar una medicación especial”.

La abogada, de cuya defensa se ocupa el despacho Espacio Legal, está acusada de un presunto delito continuado de deslealtad profesional, otro de apropiación indebida y de falsedad en documento público.

Dificultades para acceder a las pruebas

Pese a que la defensa se ha encontrado con numerosos inconvenientes a la hora de conseguir algunas pruebas, gracias a la colaboración de la Audiencia Provincial de Oviedo y al trabajo de búsqueda realizado por el equipo de Espacio Legal, se podrán aportar las necesarias para que la acusada tenga una buena posición de defensa. Cabe recordar que en 2013 el ex socio de la acusada le exigió que el entregue las llaves del despacho y que no puedo acceder a él hasta 2014 con motivo del desahucio por impago. Fue en ese momento cuando la abogada constató que los expedientes que tenía habían desaparecido, así como su ordenador personal y otros enseres y documentos que se podían utilizar en su defensa.

Espacio Legal referente en Derecho Penal Económico

Espacio Legal, el despacho de abogados que dirige el letrado Marcelino Tamargo Menéndez, se ha convertido en los últimos años en un referente nacional en delincuencia económica y se ha consolidado en el ámbito del Derecho Penal Económico. Además se ha especializado en asuntos complejos, como este de la abogada avilesina, en el que aparecen la mayoría de los delitos tipificados en el Derecho Penal Económico a lo largo de los 42 casos que se verán en el juicio y para lo que se requiere un enorme dominio de la materia. El Derecho Penal Económico precisa de un asesoramiento legal altamente especializado y personalizado.

 

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LIBERBANK DEBERÁ DEVOLVER LAS COMISIONES COBRADAS POR DESCUBIERTO Y RECLAMACIÓN DE POSICIONES DEUDORAS A UNA EMPRESA ASTURIANA.

Noticias otras sentencias 1 de febrero, 2018

Se trata de una sentencia pionera en Asturias y una de las pocas que se han dictado en España a favor de una empresa. Para Marcelino Tamargo, director del despacho Espacio Legal que se ha ocupado del caso, se trata de un paso más a la hora de reconocer a una PYME o autónomo los mismos derechos que ya se aplican a los consumidores. El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Oviedo señala que “hay un clamoroso vacío detrás de estas comisiones” ya que no responden a ningún servicio prestado, se aplican de manera automática y no le fueron comunicadas al cliente.

Gijón, 31 de Enero de 2018

El juzgado ovetense ha estimado la demanda interpuesta por una empresa de transporte por carretera, en la que solicitaba la devolución de las comisiones cobradas por Liberbank en concepto de excedido/descubierto en la cuenta corriente bancaria de la sociedad y por reclamación de posiciones deudoras.

Durante los años 2008 a 2015, la entidad bancaria cargó comisiones de reclamación por valor de 4.992 € y 32.175,97 en concepto de excedidos a los que hay que sumar los 4.134,73 € de 2007; en total 41.286,70. Estas cantidades, junto con los intereses legales generados ascienden a cerca de 50.000 €, que Liberbank tendrá que devolver a la empresa demandante.

Para el juez encargado del caso, la actuación de la entidad no respeta de ninguna de las maneras el código de buenas prácticas bancarias exigido por el Banco de España. Por un lado es imposible dilucidar qué criterios se utilizaban para calcular las comisiones por descubierto y por otro el banco no ha podido demostrar que acciones llevaba a cabo para justificar el cobro de una comisión por reclamación de posiciones deudoras.

Marcelino Tamargo, director de Espacio Legal, explica la forma de proceder de la entidad: “Cuando se pasaba un recibo a la cuenta corriente de la sociedad y no había saldo, se cargaba igualmente. Luego se cobraba una comisión por excedido y descubierto. Una vez que la empresa ponía al día sus cuentas, el banco aplicaba otra por reclamación de posiciones deudoras. A esto hay que sumar que sumar el hecho de que en el primero de los conceptos se cobraba dos veces por lo mismo: una comisión por tener la cuenta en descubierto y otra por el tiempo que pasaba hasta que la empresa se ponía al día (excedido)”. Durante el juicio, ni la empleada del Banco que testificó, ni el director fueron capaces de explicar que diferencia había entre ambos.

Por otro lado tampoco pudieron aportar documentación fidedigna que justificaran las exageradas comisiones cobradas por reclamación de posiciones deudoras. Miguel Sánchez, abogado de Espacio Legal, recuerda que “el Banco de España y otros organismos se han pronunciado claramente en este sentido: detrás de cada comisión cobrada debe haber un servicio prestado”. En este caso aunque Liberbank intentó justificarlas en concepto de llamadas, cartas y otro tipo de notificaciones para avisar del estado de las cuentas, la sentencia consideró que eran claramente desproporcionadas.

El juez también considera que queda probado que nunca se avisó de los descubiertos tal y como afirmaba la empresa de transportes y que las comisiones se cargaban de forma automática, según acabó reconociendo la empleada del banco que declaró durante el proceso. Esta actitud contraviene las reglas de buena fe y prudencia que deben de regir en toda contratación: “Si un cliente no paga, el banco tiene el deber profesional de reclamar el débito y contactar con el deudor para llegar a una solución favorable antes de materializar cualquier cargo”.
La sentencia concluye que “las comisiones discutidas no obedecen a servicios diferenciados de la actividad ordinaria del Banco y que hayan sido realmente prestados. Tampoco obedecen a gastos habidos en reclamaciones y debidamente acreditados (…) el hecho que durante años se hayan soportado sin reclamar no implica que se hayan consentido o confirmado tácitamente. Sólo evidencian la ignorancia sobre los propios derechos”.

Según Marcelino Tamargo se trata de una gran noticia para las PYMES y los autónomos, excluidos de algunas protecciones legales de las que si gozan los consumidores, una categoría de la que se les descarta. “ Esta sentencia abre la puerta a que todos los usuarios de banca, independientemente de que sean empresas o particulares, puedan ver tutelados sus derechos como consumidores frente a los habituales abusos cometidos por los bancos, que cobran comisiones por conceptos que no responden a ningún servicio efectivamente prestado”.

Espacio Legal se consolida como referente en la lucha contra las malas prácticas bancarias tal y como ocurrió con los llamados “productos tóxicos” y que le convirtió en el primer despacho de España en conseguir una sentencia condenatoria contra un banco por su comercialización.

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Espacio Legal también sentará en el banquillo a Emilio Saracho, Ángel Ron, miembros de la cúpula directiva del Popular y a PWC por la venta de acciones del Banco.

Sin categoría 21 de noviembre, 2017

El Juez Fernando Andreu, que se encarga de la “macrocausa” abierta en la Audiencia Nacional para investigar el hundimiento del Banco Popular, ha admitido a trámite la denuncia presentada por el letrado Marcelino Tamargo Menéndez, en el que se piden responsabilidades por un delito de estafa y otro de falsedad contable por la venta de 200.000 acciones a una sociedad mercantil, pocos meses antes de la compra por parte del Banco Santander al precio simbólico de un euro. Tamargo argumenta que el Popular ofreció datos falsos sobre sus cuentas anuales, para dar una apariencia de solvencia económica que no tenían y con el único fin de captar el mayor número de inversores posibles.

Gijón, 16 de noviembre de 2017

Desde que hace unos años Espacio Legal se convirtiera en el primer despacho de España en conseguir una sentencia condenatoria contra un banco, por uno de los denominados “productos basura”, no ha dejado de luchar contra las malas prácticas de las entidades y se ha convertido en un referente nacional en el ámbito del Derecho Financiero y Bancario. Por eso no es de extrañar que se haya convertido en uno de los abanderados en la causa que mantienen los accionistas y bonistas del Banco Popular contra la entidad, tras su venta al Banco Santander, y que supuso para ellos la pérdida de todos los activos que habían adquirido.

Marcelino Tamargo, Director y Fundador de Espacio legal Despacho de Abogados.

En la denuncia por estafa y falsedad contable presentada por Marcelino Tamargo ante el Juez Andreu, en representación de una Sociedad Mercantil, el letrado considera que, los miembros del consejo de Administración del Banco Popular “proyectaron una imagen falsa, ajena a la realidad económica de la entidad, con el fin de captar el mayor número de inversores a sabiendas de la falsedad de su estado contable y del virtual estado de insolvencia general que padecía el Banco”, para Tamargo esta información sesgada fue lo que hizo que los accionistas confiaran e invirtieran en títulos.  Además, el Popular nunca advirtió a la CNMV de que hubiera algún tipo de problema, más bien todo lo contrario. Ante las noticias publicadas en algunos medios de comunicación, le hizo saber que no había riesgo de quiebra. A todo esto hay que sumar, que pese a ser conocedores de la situación, el banco entregó 7,27 millones a los administradores entre enero y junio, además de pagar al ex presidente, Emilio Saracho una prima de cuatro millones por los 107 días que ocupó el cargo o aportar  3,4 millones para pensiones de los consejeros, entre otros gastos que aparecen en el último informe anual entregado por el Banco Popular.

En el caso de la Sociedad Mercantil, a la que representa Espacio Legal, fue exactamente eso lo que ocurrió. Compró las 200.000 acciones en febrero y abril de 2017 (la adquisición por parte del Santander se produjo en Junio) basándose “ en la información pública auditada y supervisada que desde el Banco Popular se suministró como garante de la inversión y que resultó ser falsa, provocando la pérdida total de las inversiones realizadas”.

Por todos estos motivos, desde Espacio Legal, se ha formulado denuncia por un delito de estafa de los artículos 248 y 249 del Código Penal, y un delito de falsedad contable frente a Banco Popular S.A., así como frente al Consejo de Administración de Banco popular, sus presidentes D. Ángel Ron Y D. Emilio Saracho y frente a Pricewaterhousecoopers Audítores S.L.

La denuncia ha sido admitida por el juez Fernando Andreu, que instruye la causa asignada al Juzgado Central de Instrucción nº cuatro de la Audiencia.

El Banco Santander compró por un euro el Banco Popular el 7 de junio de 2017 mediante el Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) ante el riesgo de quedarse sin liquidez suficiente para atender a sus clientes. Fue la primera vez que se adoptaba esta drástica medida en Europa , que supuso que los 300.000 accionistas de la entidad y los titulares de bonos subordinados y convertibles perdieran toda su inversión. Ahora esos afectados empiezan a reclamar sus derechos y serán los tribunales los que decidan sobre la legalidad de la operación.

 

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ESPACIO LEGAL BBVA DEVUELVE MILLÓN EUROS GRUPO INSAGRA SWAP

Noticias Sentencias swaps 8 de septiembre, 2017

ESPACIO LEGAL CONSIGUE QUE BBVA DEVUELVA CERCA DE UN MILLÓN DE EUROS A UN GRUPO HOTELERO CATALÁN, POR UN SWAP ASOCIADO AL PRÉSTAMO PROMOTOR QUE LE CONCEDIÓ EN 2006

El grupo, que solicitó un préstamo de 12 millones de euros para la construcción del hotel de lujo Gran Palas Pineda Spa & Beach Resort, ha estado representado por el letrado Marcelino Tamargo, director del despacho Espacio Legal

 

La resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Tarragona estima, entre otras cosas, la nulidad del contrato por existir en él un error esencial, lo que significa que el cliente firmó un acuerdo que nada tenía que ver con el producto inicial que le había ofrecido la entidad financiera. Mientras el primero estaba convencido de haber contratado un seguro que el protegía contra las subidas de los tipos de interés, en realidad, la entidad Caixa d´Estalvis de Tarragona, sucedida en el negocio financiero por la entidad BBVA, S.A., lo que vendió fue un SWAP. Se trata de un derivado financiero por el que se cobra una contraprestación cuando se produce una subida de los tipos, pero que tiene el efecto contrario cuando bajan, es decir, el contratante debe pagar a la entidad la cantidad que corresponda y que se suma a la cuota de la hipoteca. Además tiene unos gastos de cancelación anticipada muy altos. Insagra UNO, S.L., es uno de los grupos hoteleros y de alojamiento referentes en Cataluña.

 

Barcelona, 07 de septiembre de 2017

Marcelino Tamargo, que ha representado al grupo hotelero, ha destacado la labor de la jueza y ha calificado la sentencia como “magistral”, al haber introducido el matiz del error esencial que ratifica el argumento defendido por Espacio Legal desde el primer momento: “al cliente se le ofreció un producto y el día de la firma se transformó en otro, un SWAP, del que desconocía absolutamente todo”.

En el transcurso de la declaraciones, los contratantes del producto declararon que en el año 2007 firmaron con la entidad Caixa d´Estalvis de Tarragona un préstamo hipotecario y que en esta oferta les propusieron realizar un seguro de cobertura de intereses, que se mantendría hasta la liquidación total del préstamo. Nunca les explicaron que contrataban un swap, ni mucho menos en qué consistía el producto financiero, ni sus riesgos ni condiciones de cancelación. Tampoco se les notificaron liquidaciones ni desgloses; es más, los demandantes sostienen que nunca se llegó a pronunciar la palabra “SWAP” mientras se tramitó el préstamo hipotecario.

Prueba de este desconocimiento según Marcelino Tamargo, director y fundador de Espacio Legal, es que fue el auditor de cuentas de Insagra UNO SL, el que se percató de la existencia del producto en el año 2012,  ya que nunca había sido reflejado con anterioridad en las cuentas anuales porque cada vez que se solicitaba el informe de circulación bancaria a la entidad, este no aparecía.

Tampoco parecía conocer la existencia del documento el por entonces director de la entidad, que aseguró que tuvo conocimiento del contrato de cobertura de tipos de interés el mismo día de la firma ante notario, asegurando que ese documento lo llevó en mano a la notaría el director de empresas de la entidad, ya que ese tipo de productos no entraba dentro de sus atribuciones bancarias y desconocía que se hubiera tramitado.

La intervención del perito vino a ratificar todo lo que exponían los demandantes. Según su testimonio, la oferta vinculante de la entidad nunca informó de la constitución del SWAP ni mucho menos de sus peculiaridades. Tampoco existió información precontractual. Además, la entidad no analizó el perfil de riesgo de cliente, “ya que de haberlo hecho hubiera detectado que en ese momento, la situación financiera de la empresa en relación a la liquidez, endeudamiento y a la calidad de esa deuda era muy delicada, por lo que ofrecerle un producto que podría llegar a generar importantes liquidaciones negativas, no fue lo más adecuado para sus intereses”.

Por todo lo expuesto hasta el momento, la magistrada ha declarado la responsabilidad contractual del banco, en tanto en cuanto la entidad era consciente de que lo que se estaba firmando ante notario era un contrato hipotecario diferente al que se había ofrecido al cliente.

DEBER DE INFORMAR

Para el director y fundador de Espacio Legal, Marcelino Tamargo, la juez también vio muy claro el incumplimiento del deber de información rigurosa que exigen diferentes normas de la legislación Española y Comunitaria. Cada una en su vertiente y con diferentes matices, incide en la necesidad de aportar información veraz, pero sobre todo clara y comprensible en la venta de productos financieros complejos. Además exige que se analice el perfil del cliente y que se compruebe que este ha comprendido todas las peculiaridades del producto y, por supuesto, que se aporten las explicaciones de los riesgos que conllevan y se realicen simulaciones de todos los posibles escenarios. También se exige que la información se proporcione al cliente con suficiente antelación con respecto al momento de consentimiento para que puede formarse adecuadamente antes de aceptar, incluso que se permita un periodo de reflexión previo a la contratación de ese tipo de productos complejos, que permita adoptar una decisión más y mejor formada.

Pues bien, ninguna de estas exigencias se dio en el caso de Insagra UNO, S.L., y la magistrada entiende que, de haber sido así, el representante legal del grupo hotelero no hubiera dado su consentimiento. La entidad “omitió aspectos esenciales del contrato con potencialidad suficiente para inducir al error al actor a cerca de su concepción, alcance naturaleza y riesgo del negocio, error que por ello, vicio manifiestamente su consentimiento”.

La sentencia declara nulo el contrato de permuta financiera y condena a la entidad BBVA, S.L. a restituir a Insagra UNO, S.L. las prestaciones que hubieran percibido en virtud del contrato firmado el 19 de diciembre de 2006 hasta la fecha actual, por un importe de 715.188,33 €, a la que habrá que sumar intereses y costas, lo que deja la cantidad total cercana al millón de euros. Contra esta sentencia cabe recurso.

EL GRUPO Insagra UNO, S.L.

La familia Salas se instaló en Vila-Seca (Tarragona) en los años 70, tras unos años residiendo en Sudamérica. Comenzaron dedicándose al negocio del ladrillo, pero enseguida diversificaron sus intereses hacia la hostelería con la apertura en 1999 del hotel Palas I. A este le siguió el Palas II en 2001, ambos en las inmediaciones la playa de La Pineda. A partir de ese momento iniciaron un amplio proceso de expansión que les llevó a abrir más establecimientos hoteleros y de alojamiento hasta convertirse en uno de los grupos de hostelería referentes en Cataluña. Fueron los primeros en implantar un gran lujo en la Costa Daurada, el Hotel Gran Palas Spa & Beach Resort, dirigido al turismo de alto nivel.

También poseen hoteles con encanto como los enclavados en el Priorat catalán.

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BALANCE AÑO JUDICIAL

Sin categoría 9 de agosto, 2017

El gran reto para el próximo año judicial será defender a los empresarios del hostigamiento financiero

Este ha sido, sin duda, el mejor año judicial en la historia de Espacio Legal; el Supremo nos ha dado la razón en una treintena de sentencias.

Con el año judicial recién terminado, el Director y fundador del despacho de abogados, Espacio Legal, hace balance y analiza cuales van a ser los retos para el próximo. La gran lucha en los Tribunales será la de defender a las PYMES y autónomos del hostigamiento financiero, que los bancos se hagan cargo de las costas en las sentencias de cláusulas suelo y que los inversores del Banco Popular recuperen su dinero. Pero también habrá que mirar con lupa los aspectos negativos de la nueva Ley Hipotecaria que prepara el gobierno.

 

 

Madrid, 10 de agosto de 2017

Termina el año judicial y toca hacer balance de lo que ha ocurrido y se ha conseguido, ¿satisfecho?

Siempre se pueden conseguir más cosas pero sería soberbio por mi parte quejarme, porque este ha sido el mejor año judicial en la historia de Espacio Legal. El porcentaje de éxito supera al año anterior, la resolución positiva de nuestros casos está por encima del 95%. Además el Supremo nos ha dado la razón en una treintena de sentencias que habíamos perdido en primera y segunda instancia, más de dos al mes, y de eso nos sentimos especialmente orgullosos. A veces no es fácil convencer al cliente de llegar hasta la última instancia, pero cuando nosotros lo hacemos es porque sabemos que el caso está bien armado y que vamos a conseguir resultados positivos.  

¿En qué han mejorado y cuál es la asignatura pendiente?

Respecto a los clientes hemos disminuido los tiempos de espera al máximo desde que les recibimos hasta que empezamos con las gestiones. A partir de ahí ya no es cosa nuestra porque ya se sabe que las cosas de la justicia, como las de palacio, van despacio. Intentamos que todo fluya con rapidez.

Hemos ampliado el espectro económico de los asuntos que abordamos y damos solución a gran cantidad de problemas: conflictos con hacienda, administrativos, asuntos contra ayuntamientos, temas económicos de índole penal etc.

La asignatura pendiente es consecuencia del buen año que llevamos: la ampliación de la plantilla de abogados para responder con la máxima eficacia a todos los asuntos que nos llegan.

Aumenta la familia de Espacio Legal y además incorporan nuevos servicios al despacho.

Efectivamente, el año judicial llegará con nuevas incorporaciones. En cuanto a los nuevos servicios hemos puesto en marcha uno propio de gestión financiera fiscal y económica. La verdad es que muchos de los problemas que tienen nuestros clientes se podrían haber evitado con un buen asesoramiento y eso es lo que aporta el nuevo servicio: prevenir antes que curar.

En septiembre la justicia se pone de nuevo en marcha, entonces llegarán otros retos. ¿Cuáles van a ser los grandes asuntos del nuevo año judicial?

Conseguir defender a los empresarios del hostigamiento financiero al que están sometidos, mirar con lupa cualquier aspecto negativo que pueda tener la nueva ley hipotecaria, conseguir que los bancos paguen las costas de las cláusulas suelo y, evidentemente, que los inversores del Banco Popular recuperen su dinero.

Vamos por partes, ¿a qué se refiere cuando habla del hostigamiento financiero a las empresas?

Las Pymes y autónomos viven en una situación de desigualdad sangrante y deberían de estar protegidos exactamente igual que los consumidores. Lo peor de todo es que existe legislación que les protege y ampara. Me refiero al derecho comunitario, el gran desconocido en muchos juzgados de España, sobre todo en los de lo Mercantil. Además está la Ley General de Contratación, que prevé la nulidad de las cláusulas no negociadas, por lo que la mayoría de las que incluyen los contratos bancarios y que son fuente de tantas injusticias, son nulas. Con las entidades son “lentejas”, o firmas o no hay trato, sin posibilidad de que se negocie la mayor parte de lo firmado.

No es una cuestión de dirimir si los empresarios son o no consumidores para buscar amparo legal, no lo necesitan porque existe una normativa que les protege en su relación contractual con las entidades financieras. Ahora sólo falta que se aplique y que termine esta situación de desigualdad. En esa lucha estamos y vamos a estar en Espacio Legal.

¿Y qué pasa con la nueva Ley Hipotecaria que prepara el gobierno?

Me parece bien que haya más transparencia, que se limiten los intereses de demora o que no se pueda vender ningún tipo de producto vinculado a las hipotecas. Pero hay cuestiones que matizar porque pueden acabar perjudicando a los usuarios.

¿Por ejemplo?

El papel del notario. Él está simplemente para dar fe de que todo se hace correctamente, dentro de la legalidad, que el firmante entiende lo que firma y que ha estado bien asesorado. No tiene sentido que se le otorgue la facultad de decidir si una cláusula es nula o no porque esa es la función de un juez. Por otro lado el abogado no sólo está especializado en asesorar, si no que en caso de error se le pueden pedir responsabilidades. No me canso de repetir que antes de firmar nada hay que asesorarse bien, con el profesional adecuado. El notario tiene un  papel importantísimo en este proceso pero no es el de asesorar. Darle más presencia en la contratación de hipotecas no es la solución. Esto debe cambiarse en la nueva ley, para que el usuario no se encuentre con los mismos problemas que hemos vivido hasta ahora.

Nos queda el Banco Popular y las costas a los bancos. Cuántos frentes, ¿no?

Y algún otro encaminado a acabar con las malas prácticas bancarias, que todavía quedan, y a beneficiar a los usuarios, a muchos… pero de eso ya hablaremos en su momento.

En cuanto al Banco Popular, creemos que todos los accionistas van a poder recuperar su dinero independientemente de cuando invirtieron o cual era su producto. Ahora mismo estamos iniciando más de un centenar de reclamaciones por la vía previa a la administrativa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque entendemos que la ampliación de capital contiene datos que no son correctos. En la compra del Banco Popular por parte del Banco Santander queda todavía mucha tela que cortar y mucha información que sacar a la luz, por eso en Espacio Legal no nos hemos lanzado a demandar; no se trata de ser el primero en poner una demanda, esto no es una carrera. Preferimos analizar casopor caso e ir con cautela. Ahora mismo estamos realizando muchas auditorías y consiguiendo datos que creemos fundamentales. Una vez que tengamos todo bien atado llegará la vía judicial en donde sea y contra quien sea.

La Comisión Europea ha dado luz verde definitivamente a la operación de compra/venta entre Popular y Santander, ¿cómo afecta esto a las reclamaciones?

Era una decisión previsible y desde luego un varapalo para todos los que pensaban que la solución estaba en la Comisión Europea. Sin embargo no afecta para nada a nuestros planes ni a los intereses de los accionistas minoritarios, esa lucha es la de los grandes inversores que tienen otros intereses como quedarse con el Banco.

Esas demandas son muy mediáticas, pero nuestra forma de trabajar es otra. Tenemos una línea de actuación que está muy clara: analizar por qué el Popular llegó a la situación que desencadenó la compra y la pérdida de dinero para los accionistas, que fueron los que asumieron el rescate tal y como establece la nueva normativa europea, y luego exigir responsabilidades y compensaciones económicas. Esta es una guerra que hay que ir librando batalla a batalla: primero reclamar ante el servicio de atención al cliente del Banco, segundo ante la CNMV y finalmente demandar. Los pequeños accionistas resolverán su situación en los tribunales ordinarios, estoy convencido.

 ¿Y qué pasa con las costas en las cláusulas suelo?

Simplemente que los tribunales ordinarios no se las están imponiendo a las entidades financieras y eso que el Supremo ya se ha pronunciado en este sentido y ha dicho que deben hacerse cargo de ellas. No entiendo el motivo, es como si quisieran compensarles porque ya tienen que devolver lo cobrado demás con las cláusulas suelo, pero eso tiene que cambiar. El problema es que este comportamiento puede disuadir a muchos usuarios en su intención de reclamar al tener que hacerse cargo de las costas, lo que sólo beneficia a la banca.

Para finalizar, ¿cuál es la clave para haber tenido un gran año?

Pues aunque suene tópico trabajar duro, ser muy serios con los asuntos y no adoptar decisiones o comportamientos temerarios. Siempre hay que pensar lo que es mejor para el cliente y en las posibilidades reales que hay de conseguir el objetivo.

Y, evidentemente, contar con un gran equipo de profesionales. A ellos les quiero agradecer el excelente trabajo que han realizado, su entrega y profesionalidad. Espacio Legal es más que un equipo, es una familia que se conoce y complementa a la perfección, donde cada uno sabe cual es su responsabilidad, siendo son los mejores en lo suyo. Sin ellos no estaríamos hablando de estos grandes resultados. Así que, gracias de nuevo.

Ahora todos a cargar pilas para afrontar los grandes retos que llegarán a partir de septiembre.

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BANKINTER SE ENFRENTA DE NUEVO A LA ESTAFA DE UNO DE SUS AGENTES

Otras Noticias Espacio Legal Otras Noticias Espacio Legal 16 de julio, 2017

Bankinter se enfrenta de nuevo a la estafa de uno de sus agentes, esta vez por 8,1 millones de euros

En 2013, la entidad ya fue condenada a indemnizar a los estafados por un agente asturiano. La juez dictaminó la responsabilidad contractual y extracontractual de Bankinter.

Bankinter deberá enfrentarse de nuevo a un caso de presunta estafa por parte de uno de sus agentes. El sospechoso operaba desde la Calle Núñez de Balboa en Madrid y tal y como ocurrió en la localidad asturiana de Cangas de Onís, habría estafado a un buen número de clientes. Se estima que pudo haberse quedado con 8,1 millones de euros de manera ilícita, mientras que en el caso asturiano la cantidad superaba los 3 millones. Tal y como ocurrió en Asturias, la entidad se ha apresurado a desvincularse de las actuaciones del agente argumentado que había operado al margen del banco. Sin embargo, cabe recordar que la jueza del caso asturiano, Silvia Golfe, consideró que había responsabilidad contractual y extracontractual por parte de Bankinter y le condenó a pagar a los afectados.

Madrid 17 de julio 2017

El caso de Madrid, es prácticamente un calco del que ocurrió en Cangas de Onís, según el letrado Marcelino Tamargo, que representó a 30 de los 61 afectados por aquella estafa: “Los clientes dejaron el dinero en manos de los agentes por la confianza personal que tenían en ellos y el respaldo que les ofrecía la entidad bancaria, mientras que los mecanismos de control del banco fallaron porque no los hubo y sólo fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo cuando los afectados lo sacaron a la luz”.  

Tamargo recuerda que el Banco utilizó exactamente los mismos argumentos de ahora para eludir responsabilidades, es decir, que el agente actuó al margen de la entidad y que no tenían nada que ver con sus prácticas. Sin embargo esto no convenció a la juez, quien además de considerar culpable al agente asturiano, Jesús Lobato, que falleció antes de que terminara el proceso, también declaró la responsabilidad contractual y extracontractual del Banco y le condenó a pagar a los afectados, algo que a su juicio, podría repetirse en el caso madrileño.

La responsabilidad de Bankinter

La juez Silvia Golfe dejó muy claro en la sentencia que la vinculación entre Bankinter y Jesús Lobato estaba perfectamente demostrada. Primero estableció que Lobato sí era un agente del banco porque cumplía con los requisitos exigidos por la ley: tenía un número de agente tal y como establece el Artículo 1 de la ley 12/92 de 27 de mayo sobre Contrato de Agencia y por lo tanto eso le facultaba para actuar en nombre de la entidad según recoge  el Real Decreto 1245/95 del 14 de julio y además desarrollaba su actividad en una oficina identificada con Bankinter y entregaba documentación (extractos, libretas, etc) oficial de la entidad. Una vez demostrado que Jesús Lobato era agente del banco, la juez se basó en el Real Decreto 84/2015, del 30 de julio que establece que las entidades de crédito son responsables de los actos de sus agentes, doctrina que también comparten el banco de España en el artículo 4/2010 del 30 de julio y el 65 bis.4 de la Ley del Mercado de Valores.

Marcelino Tamargo y su equipo del despacho Espacio Legal, representan  a un buen número de afectados por la supuesta estafa de Madrid. En estos momentos hay casos que no se han judicializado todavía porque se han interpuesto las pertinentes reclamaciones ante la CNMV, mientras que en otros ya están con las demandas por la vía civil y penal dependiendo de las circunstancias concretas. Están convencidos de que hay argumentos de sobra para reclamar Bankinter por la vía civil  y conseguir una indemnización para los afectados, tal y como hicieron en Asturias donde lograron 19 sentencias favorables, 11 acuerdos extrajudiciales y recuperar 500.000 euros estafados.

La supuesta estafa de Madrid.

Desde una oficina situada en la madrileña calle Núñez de Balboa, el antiguo agente de Bankinter Agustín Román Vivas, llevó a cabo durante años una supuesta estafa en la que se habría apropiado de 8,1 millones de euros. El agente ofrecía a sus clientes buenas rentabilidades con diferentes productos. Muchos de ellos invirtieron por la confianza que tenían en él tras muchos años de colaboración, la confianza era tal que incluso acudió a la boda de uno de sus clientes. Sólo así se explica que le entregaran importantes cantidades de dinero en mano a cambio de unos pagarés. Agustín Román ofrecía diferentes productos a los clientes a cambio de dinero en metálico; la entrega se hacía en su oficina y a cambio en ese momento se les bonificaba el importe correspondiente a una rentabilidad entre el 7% y el 10% también en metálico. Recibían un pagaré con un determinado vencimiento y cuando se iba acercando la fecha podían recuperar el dinero o reinvertirlo, casi siempre ocurría esto último. Todo fue bien hasta finales de 2015, empezó a no devolver el dinero y a poner excusas hasta que desapareció. El juzgado de instrucción Número 18 de Plaza Castilla ha empezado a admitir las querellas por la vía penal, contra el agente, la empresa de la que era socio, Román y Sáez y también contra Bankinter.

El caso asturiano.

El “Caso Bankinter” de cangas de Onís, saltó a la luz en el año 2013, cuando la propia entidad detectó prácticas irregulares de uno de sus agentes con los fondos de sus clientes. Jesús Lobato estaba acusado de los delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida por haber estafado a sus clientes cerca de 3 millones de euros. En enero de 2014 fallecía en prisión después de sufrir un fallo cardíaco. Su “modus operandi” también se basaba en la confianza que tenían en él sus vecinos, quienes no dudaban en entregarle dinero en mano para que lo invirtiera en diferentes productos y operaciones. Una de las afectadas declaró que le consideraba como “un hermano”, Lobato solicitó a su nombre créditos que sumaban 300.000 euros, invirtió en bolsa por valor de un millón de euros, suscribió tarjetas de crédito y varios seguros de tipos de interés.

En total estafó a 61 clientes de la entidad, 19 decidieron personarse contra el banco, por considerar que las cantidades ofrecidas no se ajustaban al daño que se les causó. Después de muchas vicisitudes judiciales, Bankinter fue declarado responsable de las acciones ilícitas del agente y condenado a indemnizar a los afectados.

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El futuro de los accionistas del Popular tras la compra del Santander

Noticias Sentencias Acciones Bankia Noticias Sentencias Bonos Banco Popular 8 de junio, 2017

El futuro de los accionistas del Banco Popular tras la compra del Santander

El Banco Santander debería hacerse cargo de las reclamaciones, puesto que el Popular es ahora una filial suya.

El Banco Popular ha vendido el 100% de sus acciones al Santander al precio simbólico de 1€. Esta operación ha evitado la quiebra de la entidad y ha supuesto la aplicación, por primera vez del nuevo sistema de resolución bancaria que implica la utilización de fondos propios para sanear, en lugar de dinero público. Los principales afectados por esta medida son los acreedores, pero también accionistas y bonistas que pierden toda su inversión. La única salida que les queda es optar por la vía judicial y demandar al Popular, a sus antiguos gestores o incluso a las autoridades europeas, que hace seis meses afirmaban que el Banco Popular era viable. Otra opción es exigir responsabilidades al comprador, el Banco Santander, que debería hacerse cargo de todas las obligaciones contraídas con la entidad que adquiere.

Madrid, 08 de junio de 2017

Los depositantes y contribuyentes del Banco Popular pueden estar tranquilos, no perderán su dinero, la única diferencia es que a partir de ahora son clientes del Santander. Peor lo tienen los accionistas y a aquellos que poseen bonos contingentes convertibles (cocos), no importa que sean grandes o pequeños accionistas, todos ellos perderán su dinero. La misma suerte van a correr los titulares de deuda subordinada. La aplicación por primera vez del modelo bail-in, que evita que los costes recaigan en los contribuyentes, carga las pérdidas sobre los fondos propios.

Llegados a este punto cabe preguntarse qué posibilidades tienen los inversores de recuperar su dinero. En principio no es fácil que todos rescaten su capital, pero sea cual sea su situación la única opción que les queda es la vía judicial.

En el caso de los que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016, pueden acogerse a los errores cometidos en las cuentas utilizadas como base para realizar dicha ampliación, hecho que el propio Popular puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, al advertirlo este mismo año.

Aquellos que tengan bonos convertibles adquiridos entre 2009 y 2015 también pueden acudir a los tribunales. Tras tres prorrogas, la deuda comprada por los clientes se transformó en acciones el 25 de noviembre de 2015 y el producto arrojó pérdidas enormes ya que el precio de conversión de la acción estaba fijado en 17,69 euros, pero la cotización real estaba en torno a 3,38. Muchos afectados, iniciaron en ese momento acciones legales contra el Popular, ahora puede seguirse el mismo camino.

Hasta el momento, los tribunales que han fallado a favor de los clientes sostienen que hubo falta de información, máxime cuando en 2009 ya estaba en vigor la directiva europea MiFID que obligaba a las entidades no sólo a informar de los riesgos de los productos sino también a realizar un test que demostrara si los clientes eran aptos o no para la inversión.

El fundador y director de Espacio Legal Despacho de Abogados, Marcelino Tamargo, recuerda que ha conseguido multitud de sentencias condenatorias por la venta y colocación de este producto contra el Banco Popular. Tamargo cree que “esa responsabilidad debería recaer ahora en el Banco Santander, puesto que al haber convertido al Popular en una filial, tiene la obligación de hacerse cargo de las obligaciones y responsabilidades que éste tenía con sus

clientes”. También apunta que “algo de eso debe de temerse la entidad presidida por Ana Botín, cuando ha hecho una ampliación de 7000 millones de euros que parecen destinadas a hacer frente a posibles demandas”.

Por último existen otras opciones de reclamación que ya se están ultimando.

El Banco Central Europeo podría tener responsabilidades administrativas, ya que hasta hace nada hablaba del Popular como una entidad solvente y con posibilidad de sanearse. Si ahora es todo lo contrario, eso indica que hubo errores por parte de las autoridades europeas.

Además al último presidente del Popular, Emilio Saracho y a su equipo, podrían pedírseles responsabilidades civiles y mercantiles por propiciar que el banco se hundiera en bolsa y la fuga de depósitos de los últimos días.

Lo que está claro, es que pese a las declaraciones de los responsables del Banco Santander, en las que aseguran que no habrá ningún tipo de indemnización para los afectados, queda mucha tela que cortar.

Espacio Legal recomienda consultar cada caso con un profesional para analizar las posibilidades reales de reclamación vía judicial , un camino que ya se ha mostrado más que efectivo a la hora de exigir responsabilidades a las entidades financieras.

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Espacio Legal logra que el Supremo declare nulo un “swap”

Sin categoría 22 de marzo, 2017

Espacio Legal logra que el Supremo declare nulo un “swap” y Bankinter tendrá que devolver cerca de 600.000 euros a un cliente en Almería

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de Piensos Garla S.A. y, además de declarar la nulidad del contrato de permuta financiera, condena a Bankinter S.A. a costas en primera y segunda instancia, así como a la restitución recíproca de las prestaciones realizadas y sus intereses legales hasta la fecha de pago.

El despacho Espacio Legal, dirigido por el letrado Marcelo Tamargo, ha conseguido que el Tribunal Supremo estime el recurso de casación interpuesto en nombre de Piensos Garla S.A, que deja sin efecto la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº3 de Huércal-Olvera que en 2011 eximía a Bankinter de la petición de nulidad del contrato de gestión de riesgos financieros, así como el fallo de la Audiencia Provincial de Almería, que tras estimar un recurso de interpuesto por la entidad, no sólo ratificaba lo anterior sino que además condenaba a la empresa almeriense, en 2013, a hacerse cargo de las costas en primera instancia.

Almería 22 de marzo de 2017

El Grupo Piensos Garla S.A., formada por varias empresas dedicadas a la explotación agrícola y ganadera, suscribió en abril de 2008 un contrato de gestión de riesgos financieros con Bankinter por un importe nominal de 400.000 euros, con el fin de protegerse contra la subida de los tipos de interés en otro contrato de financiación firmado en 2008 para hacer frente a créditos, líneas de descuento, leasing y préstamos. Sin embargo, el comportamiento de este producto financiero provocó el efecto contrario al que se pretendía con la contratación y el endeudamiento del grupo pasó de tener un coste del 4,24% al 9,43%.

Cabe recordar, tal y como explica el letrado Marcelo Tamargo, que se ha ocupado del caso: “que los swap, a priori, son un buen producto porque asegura que quien los contrata paga, durante un tiempo determinado, un interés fijo máximo aunque el nivel del Euribor esté muy por encima, es más la entidad abona la diferencia cuando éste es superior al tipo de referencia pactado. El problema llega cuando los tipos de interés bajan considerablemente o el cliente quiere cancelarlos; entonces hay que compensar el diferencial y es este último el que tiene que pagar. Esto fue lo que le ocurrió a Piensos Garla S.A.”

Con esta situación, la empresa agrícola interpuso una demanda en la que pedía la nulidad de los contratos firmados y su derecho a retirarse de ellos sin coste alguno, mientras que la entidad bancaria solicitaba la absolución. El juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Huércal-Olvera, absolvió a Bankinter al tiempo que concedía a Piensos Garla el derecho solicitado. Ambas recurrieron a la Audiencia Provincial de Almería, que no sólo revocó la decisión de primera instancia sino que además falló que la Sociedad debía hacerse cargo de las costas. El siguiente paso de Piensos Garla S.A. fue interponer recurso de casación ante el supremo.

El Máximo Tribunal acaba de fallar a favor de la sociedad mercantil, atendiendo a todas las peticiones que realizaba. Se trata en palabras de Marcelo Tamargo, fundador y director del Despacho de Abogados Espacio Legal, de una sentencia muy importante “porque es la primera de estas características en la provincia y además enmienda la plana a la Audiencia Provincial de Almería que se ha caracterizado por ser bastante conservadora en este tipo de asuntos”.

El Supremo ha basado el fallo en la constatación de que la entidad bancaria no cumplió con el deber de información, impuesto en una normativa legal, de los riesgos que comporta un producto de estas características derivados de la bajada del Euribor, así como de los altos costes que supone su cancelación anticipada. En la sentencia deja claro que Bankinter “es quien tiene la obligación de facilitar la información y no sus clientes, que no son profesionales del mercado financiero y de inversión, quienes deben asesorarse antes de firmar”, además añade “que el cliente debe poder confiar en que la entidad que el asesora, no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante para sus intereses”.

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Sentencia contra Ayto Villaviciosa

Portada Portada Portada Portada Portada Portada Portada Portada Portada Portada 24 de febrero, 2017

Una sentencia de la Audiencia evita que el Ayuntamiento de Villaviciosa se apropie de una finca particular.

La actuación del consistorio ha generado un grave perjuicio a los propietarios que, además de tener que hacer frente a una demanda, podrían ver frustrada la venta del terreno que ya era efectiva.

El despacho Espacio Legal, dirigido por el letrado Marcelo Tamargo, ha conseguido que la Audiencia Provincial de Gijón revoque la resolución de la sentencia del Juzgado Nº1 de Villaviciosa dictada el 14 de enero de 2016, en la que se otorgaba la titularidad del terreno al consistorio de “La Villa” que lo reclamaba como comunal, además de obligar a los compradores del mismo a reintegrarles su posesión. La Audiencia deja claro en el fallo que la parte demandante no ha podido probar convincentemente la titularidad pese a la inscripción catastral que presentó como prueba, porque la jurisprudencia deja claro que este organismo no es determinante a la hora de justificar la propiedad de un bien.

Gijón 24 de febrero de 2017

La pasividad y negligencia del ayuntamiento de Villaviciosa, que parece desconocer sus propiedades, ha generado algo más que un quebradero de cabeza a dos familias. Por un lado los propietarios del terreno, una finca situada en el barrio de las arenas en la parroquia de Oles y por otro a los compradores de la misma.

El problema arranca cuando J.D.B. y E.G.M. solicitan licencia de obra para la construcción un inmueble que habían adquirido a los herederos de S.O.T., en ese momento el consistorio reclama la titularidad de ese terreno que considera comunal y demanda tanto a los actuales propietarios como a los anteriores.

Desde Espacio Legal consideran cuando menos llamativo, que el ayuntamiento no se pronunciara en el año 2003, cuando S.O.T solicitó en la Subgerencia Territorial del Catastro de Gijón la segregación de una parte de la finca 211 que si es de titularidad municipal, petición que fue atendida dando lugar a la parcela 629 que es objeto del litigio.

Para Diana González, letrada del despacho: “éste es un problema que se da en con más frecuencia de la que pensamos en los municipios pequeños, en los que la administración acaba quedándose con propiedades porque apenas existen documentos que acrediten la titularidad”. Por eso esta sentencia es importante ya que termina con la indefensión que padecen muchos particulares ante la voracidad de la administración y recomienda a todos los que se encuentran en una situación similar que no tengan miedo a reclamar sus bienes.

En el caso que nos ocupa la actitud del ayuntamiento, que sólo reacciona cuando ve que va a perder la titularidad de la finca, ha provocado un daño importante a todos los afectados. Por un lado los propietarios iniciales, que tras vender la finca se han visto demandados por los compradores y por el consistorio de “La Villa” y por otro los nuevos dueños del terreno que también han tenido que acudir a los tribunales a instancias del ayuntamiento, que les reclamaba la devolución de la propiedad. Además se da la circunstancia de que estos últimos ya no están interesados en la finca que, sumado a lo anterior, añade un grave perjuicio económico a los propietarios iniciales.

Espacio Legal, el despacho que representa a estos últimos, ha logrado que la Sección Nº 7 de la Audiencia Provincial de Gijón desestime la sentencia en primera instancia que daba la razón al ayuntamiento basándose en que este no ha podido probar, con la pruebas presentadas, la titularidad efectiva de la finca. Se trata de las notas catastrales sobre las que la jurisprudencia se pronuncia claramente: “no pueden constituirse, por sí solas, en justificante del dominio” y las firmas de 73 vecinos que aseguraban que el terreno siempre había tenido uso público.

La sentencia no sólo deja claro que los terrenos no son comunales y que se trata de una propiedad privada, sino que además condena a costas al Ayuntamiento. A partir de ahora sólo cabe recurso de casación.

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Espacio Legal

Espacio Legal cuenta con sedes en Madrid, Gijón, Barcelona y Málaga. Desde ellas trabajamos en toda España y cualquier país en el que nuestros clientes tengan intereses. Somos pioneros en la lucha contra las malas prácticas bancarias, labor que se nos ha reconocido con la concesión del premio “El Suplemento 2016” en la categoría de Derecho Financiero. A día de hoy nos ocupamos de todo tipo de especialidades jurídicas.

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