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La audiencia provincial de Barcelona ratifica la sentencia que obliga a anular 4 swaps que BBVA y Caixabank endosaron a una empresa catalana

Sin categoría 6 de junio, 2018

  • BBVA era el banco agente en la operación y quien se encargaba del asesoramiento financiero
  • El nominal de los cuatro swaps se fijó en 46 millones de euros
  • Las medidas cautelares, solicitadas por Espacio Legal, evitaron la quiebra del grupo empresarial al completo

 

La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de ratificar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 52 de Barcelona en el año 2015, que declaraba la nulidad de 4 swaps que BBVA y Barclays Bank (hoy Caixabank), incluyeron en una hipoteca inmobiliaria solicitada por una empresa catalana. La intervención del despacho de abogados Espacio Legal, solicitando medidas cautelares que paralizaran el pago de las liquidaciones a las entidades bancarias, evitó la quiebra y el cierre de todo el grupo al que pertenece. Cabe resaltar que se trata de una decisión excepcional y que rara vez se ha tomado; pero en este caso el juez consideró que las liquidaciones eran tan desproporcionadas, que si no se adoptaban el grupo al completo estaba abocado al cierre. La financiación se solicitó para acometer un proyecto encargado por una TELCOM española y fue precisamente BBVA, que era el banco agente, quien llevó el asesoramiento financiero de la operación. Tras ratificar la nulidad, ambas entidades deberán devolver casi 11 millones de euros por las liquidaciones negativas que pagó la empresa catalana. Contra esta sentencia cabe recurso de casación.

 

Madrid, 7 de junio de 2018

La sentencia que acaba de ratificar la Audiencia Provincial de Barcelona, forma parte de una operación que se inició en 2009. Ese año, una empresa perteneciente a un importante grupo empresarial catalán, consiguió un contrato para una de las compañías de telecomunicaciones más importantes de España. El proyecto requería una gran inversión para poder ponerlo en marcha, de ahí que se buscara el apoyo de los bancos. Fueron necesarios dos: BBVA, que además de prestar capital asesoraba financieramente la operación y Barclays Bank (hoy Caixabank). Con estas entidades bancarias la empresa catalana suscribió las hipotecas inmobiliarias en las que se incluyeron los derivados financieros que han sido anulados y cuyo nominal superaba los 46 millones de euros.

En el caso de BBVA se trataba de un swap denominado “Collar” y otro “Daily Range Accrual” por un nominal de 31.155.000 de euros entre ambos. Mientras que en el de Barclays Bank (Caixabank) eran dos swaps de tipos de interés por un nominal de 14.850.000 euros.

 

Medidas cautelares excepcionales

Estos derivados financieros que se incluyeron en las hipotecas firmadas por la empresa catalana, son especialmente complejos y estuvieron a punto de costar el cierre de todo el grupo en el que se integra. Con la bajada de los tipos de interés llegaron las liquidaciones negativas, con unas cantidades tan altas, que todo el capital que ingresaba el grupo se destinaba al pago de las mismas. Tampoco era posible la cancelación anticipada puesto que la cifra resultante era astronómica e inasumible. La intervención de Espacio Legal, el despacho de abogados que se ha encargado de la defensa, fue providencial para evitar la quiebra. Tras encargar un informe pericial que demostraba que los swaps estaban agotando la capacidad económica de todo el grupo empresarial, se solicitaron medidas cautelares con el fin de paralizar el pago de dichas liquidaciones. Ante la evidencia del perjuicio que se estaba causando y lo desproporcionado de las liquidaciones, el juzgado encargado del caso tomó una medida excepcional y que rara vez se ha concedido y paralizó los pagos a las entidades financieras. Para Marcelino Tamargo y Diana González, los letrados de la defensa, “el juez apreció tal desproporcionalidad en lo que estaba ocurriendo que concedió las medidas para evitar que la actuación irresponsable de los dos bancos arruinara a una empresa solvente”.

 

Recurso de apelación

Tanto BBVA como Caixabank interpusieron recurso de apelación  contra la sentencia dictada el 26 de enero de 2016 en el Juzgado de Primera Instancia Nº 52 de Barcelona, que declaró la nulidad de los contratos de permuta financiera (swap) al entender que el cliente de ambas entidades no fue debidamente informado de las características y naturaleza de los productos que suscribieron.

Las entidades expusieron que la nulidad habría caducado porque transcurrieron más de cuatro años desde que se tuvo conocimiento del error hasta que se interpuso la demanda y que no se podía alegar desconocimiento ya que la empresa tenía suficiente preparación financiera, se les había asesorado y además informado debidamente. Por último, también incluían en la apelación que hubo confirmación de los swap porque el cliente pagó las liquidaciones negativas y renegoció los contratos.

Respecto a la caducidad de la nulidad, la Audiencia Provincial de Barcelona se refiere a una sentencia del Supremo que establece que el cómputo de plazo de caducidad no se determina en el momento en el que el cliente conoce el error, sino en el de la consumación del contrato (Art. 1301.4 del Cc). Siguiendo esta doctrina, y puesto que en los contratos de cobertura de hipoteca la consumación del contrato no se produce hasta que éste finaliza, considera que no puede contemplarse que la acción de nulidad hubiera caducado ya que los contratos de swap no finalizaban hasta 2023.

Respecto a las alegaciones en las que se afirmaba que la empresa conocía claramente la naturaleza y funcionamiento de lo que contrataba, la Audiencia Provincial deja muy claro que en la comercialización de productos complejos por parte de las entidades financieras a inversores no profesionales, se exige que las primeras suministren al cliente una información comprensible y adecuada de las características del producto que contratan, pero sobre todo de los riesgos que asumen. Deben de explicar claramente que ocurre si fluctúan los tipos de interés, y en caso de que esto ocurra, cuáles serían los costes de la cancelación anticipada del contrato. En este sentido rechaza las pretensiones de BBVA y Caixabank que consideraban que el cliente contaba con la formación suficiente para comprender la naturaleza del swap por el mero hecho de tratarse de una empresa de cierto volumen. Para la sala “el simple hecho de tratarse de empresas con un cierto volumen de negocios y antigüedad en el mercado no supone que sus responsables tuvieran conocimientos de este tipo de productos complejos”. Continúa en esta línea al afirmar que los responsables de la empresa catalana no tenían, pese a su formación, un perfil de expertos tal y como pretenden las entidades apelantes. En cuanto a los costes de cancelación anticipada opina que tampoco se informó de manera adecuada y aunque entiende que este cálculo puede depender de indicadores concretos que no se conocen en el momento de la firma del contrato, el banco puede dar una referencia genérica y aproximada, para que el cliente se haga una idea de lo que podría costarle la cancelación y el riesgo que asume si toma esta decisión.

Por lo tanto ratifica lo  expuesto en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 52 en 2016, según la cual “independientemente de que la actora sea empresaria, de que su administrador sea una persona con conocimientos financieros o con posibilidad de acceder a la asesoría necesaria, no podía conocer el carácter terroríficamente gravoso, incluso ruinoso, que el producto podía tener para él por falta de suministro de la información oportuna de la entidad bancaria. La envergadura de lo que firmó le era totalmente desconocida, puesto que ni siquiera los peritos que asistieron a la vista podían tener, a la vista del contrato, de lo que podía costar cancelarlo”.

Respecto de la confirmación de los contratos por el hecho de que se renovaran y renegociaran o que se pagaran las liquidaciones negativas, se refiere a la numerosa jurisprudencia que ha manifestado que estos actos “no pueden considerarse convalidantes porque hay error en el consentimiento, desde el momento en que hubo omisión del deber de información sobre las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada”.

Por todo lo anterior, la audiencia provincial ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por BBVA y Caixabank contra la sentencia dictada el 26 de enero de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia Nº 52 de Barcelona y anula los cuatro swaps que endosaron a una empresa catalana. Las entidades deberán hacerse cargo de las costas y devolver cerca de los 11 millones de euros que la compañía pagó en concepto de liquidaciones negativas.

 

Espacio Legal

Espacio Legal es un despacho de abogados expertos en Derecho Financiero y Bancario. En los últimos años se ha convertido en referente nacional en la lucha contra las malas prácticas bancarias y ha conseguido cientos de  sentencias condenatorias contra entidades financieras por comercializar productos complejos. En el año 2016 el Despacho y su director y fundador, Marcelino Tamargo Menéndez, fueron galardonados con el premio “El Suplemento” en la categoría de Derecho Financiero.

 

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ESPACIO LEGAL BBVA DEVUELVE MILLÓN EUROS GRUPO INSAGRA SWAP

Notas de prensa Notas de prensa Portada Portada 8 de septiembre, 2017

ESPACIO LEGAL CONSIGUE QUE BBVA DEVUELVA CERCA DE UN MILLÓN DE EUROS A UN GRUPO HOTELERO CATALÁN, POR UN SWAP ASOCIADO AL PRÉSTAMO PROMOTOR QUE LE CONCEDIÓ EN 2006

El grupo, que solicitó un préstamo de 12 millones de euros para la construcción del hotel de lujo Gran Palas Pineda Spa & Beach Resort, ha estado representado por el letrado Marcelino Tamargo, director del despacho Espacio Legal

 

La resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Tarragona estima, entre otras cosas, la nulidad del contrato por existir en él un error esencial, lo que significa que el cliente firmó un acuerdo que nada tenía que ver con el producto inicial que le había ofrecido la entidad financiera. Mientras el primero estaba convencido de haber contratado un seguro que el protegía contra las subidas de los tipos de interés, en realidad, la entidad Caixa d´Estalvis de Tarragona, sucedida en el negocio financiero por la entidad BBVA, S.A., lo que vendió fue un SWAP. Se trata de un derivado financiero por el que se cobra una contraprestación cuando se produce una subida de los tipos, pero que tiene el efecto contrario cuando bajan, es decir, el contratante debe pagar a la entidad la cantidad que corresponda y que se suma a la cuota de la hipoteca. Además tiene unos gastos de cancelación anticipada muy altos. Insagra UNO, S.L., es uno de los grupos hoteleros y de alojamiento referentes en Cataluña.

 

Barcelona, 07 de septiembre de 2017

Marcelino Tamargo, que ha representado al grupo hotelero, ha destacado la labor de la jueza y ha calificado la sentencia como “magistral”, al haber introducido el matiz del error esencial que ratifica el argumento defendido por Espacio Legal desde el primer momento: “al cliente se le ofreció un producto y el día de la firma se transformó en otro, un SWAP, del que desconocía absolutamente todo”.

En el transcurso de la declaraciones, los contratantes del producto declararon que en el año 2007 firmaron con la entidad Caixa d´Estalvis de Tarragona un préstamo hipotecario y que en esta oferta les propusieron realizar un seguro de cobertura de intereses, que se mantendría hasta la liquidación total del préstamo. Nunca les explicaron que contrataban un swap, ni mucho menos en qué consistía el producto financiero, ni sus riesgos ni condiciones de cancelación. Tampoco se les notificaron liquidaciones ni desgloses; es más, los demandantes sostienen que nunca se llegó a pronunciar la palabra “SWAP” mientras se tramitó el préstamo hipotecario.

Prueba de este desconocimiento según Marcelino Tamargo, director y fundador de Espacio Legal, es que fue el auditor de cuentas de Insagra UNO SL, el que se percató de la existencia del producto en el año 2012,  ya que nunca había sido reflejado con anterioridad en las cuentas anuales porque cada vez que se solicitaba el informe de circulación bancaria a la entidad, este no aparecía.

Tampoco parecía conocer la existencia del documento el por entonces director de la entidad, que aseguró que tuvo conocimiento del contrato de cobertura de tipos de interés el mismo día de la firma ante notario, asegurando que ese documento lo llevó en mano a la notaría el director de empresas de la entidad, ya que ese tipo de productos no entraba dentro de sus atribuciones bancarias y desconocía que se hubiera tramitado.

La intervención del perito vino a ratificar todo lo que exponían los demandantes. Según su testimonio, la oferta vinculante de la entidad nunca informó de la constitución del SWAP ni mucho menos de sus peculiaridades. Tampoco existió información precontractual. Además, la entidad no analizó el perfil de riesgo de cliente, “ya que de haberlo hecho hubiera detectado que en ese momento, la situación financiera de la empresa en relación a la liquidez, endeudamiento y a la calidad de esa deuda era muy delicada, por lo que ofrecerle un producto que podría llegar a generar importantes liquidaciones negativas, no fue lo más adecuado para sus intereses”.

Por todo lo expuesto hasta el momento, la magistrada ha declarado la responsabilidad contractual del banco, en tanto en cuanto la entidad era consciente de que lo que se estaba firmando ante notario era un contrato hipotecario diferente al que se había ofrecido al cliente.

DEBER DE INFORMAR

Para el director y fundador de Espacio Legal, Marcelino Tamargo, la juez también vio muy claro el incumplimiento del deber de información rigurosa que exigen diferentes normas de la legislación Española y Comunitaria. Cada una en su vertiente y con diferentes matices, incide en la necesidad de aportar información veraz, pero sobre todo clara y comprensible en la venta de productos financieros complejos. Además exige que se analice el perfil del cliente y que se compruebe que este ha comprendido todas las peculiaridades del producto y, por supuesto, que se aporten las explicaciones de los riesgos que conllevan y se realicen simulaciones de todos los posibles escenarios. También se exige que la información se proporcione al cliente con suficiente antelación con respecto al momento de consentimiento para que puede formarse adecuadamente antes de aceptar, incluso que se permita un periodo de reflexión previo a la contratación de ese tipo de productos complejos, que permita adoptar una decisión más y mejor formada.

Pues bien, ninguna de estas exigencias se dio en el caso de Insagra UNO, S.L., y la magistrada entiende que, de haber sido así, el representante legal del grupo hotelero no hubiera dado su consentimiento. La entidad “omitió aspectos esenciales del contrato con potencialidad suficiente para inducir al error al actor a cerca de su concepción, alcance naturaleza y riesgo del negocio, error que por ello, vicio manifiestamente su consentimiento”.

La sentencia declara nulo el contrato de permuta financiera y condena a la entidad BBVA, S.L. a restituir a Insagra UNO, S.L. las prestaciones que hubieran percibido en virtud del contrato firmado el 19 de diciembre de 2006 hasta la fecha actual, por un importe de 715.188,33 €, a la que habrá que sumar intereses y costas, lo que deja la cantidad total cercana al millón de euros. Contra esta sentencia cabe recurso.

EL GRUPO Insagra UNO, S.L.

La familia Salas se instaló en Vila-Seca (Tarragona) en los años 70, tras unos años residiendo en Sudamérica. Comenzaron dedicándose al negocio del ladrillo, pero enseguida diversificaron sus intereses hacia la hostelería con la apertura en 1999 del hotel Palas I. A este le siguió el Palas II en 2001, ambos en las inmediaciones la playa de La Pineda. A partir de ese momento iniciaron un amplio proceso de expansión que les llevó a abrir más establecimientos hoteleros y de alojamiento hasta convertirse en uno de los grupos de hostelería referentes en Cataluña. Fueron los primeros en implantar un gran lujo en la Costa Daurada, el Hotel Gran Palas Spa & Beach Resort, dirigido al turismo de alto nivel.

También poseen hoteles con encanto como los enclavados en el Priorat catalán.

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Espacio Legal

Espacio Legal cuenta con sedes en Madrid, Gijón, Barcelona y Málaga. Desde ellas trabajamos en toda España y cualquier país en el que nuestros clientes tengan intereses. Somos pioneros en la lucha contra las malas prácticas bancarias, labor que se nos ha reconocido con la concesión del premio “El Suplemento 2016” en la categoría de Derecho Financiero. A día de hoy nos ocupamos de todo tipo de especialidades jurídicas.

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