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LO QUE SUBYACE DETRÁS DEL CONFLICTO DEL TAXI

Otras Noticias Espacio Legal Sin categoría 25 de febrero, 2019

El sector del taxi está viviendo una reconversión. El libre mercado impone sus reglas y un sector que gozaba de un status quo bien legislado y donde no existía la competencia desleal se está viendo alterado por la proliferación de las aplicaciones UBER y CABIFY que permiten la contratación directa de servicio de coches, generando una competencia inesperada en este sector que necesita, forzosamente, de nueva legislación que permita la coexistencia de todos los servicios

Eladio de la Concha García-Mauriño
Letrado- Especialista en Mediación
En los últimos tiempos, el sector del taxi se encuentra convulso. Los usuarios, desconocedores de los problemas del sector, observan, casi atónitos, los enfrentamientos entre profesionales de la conducción privada de pasajeros, llegando, en algún caso, a ser víctimas de alguna agresión por el mero hecho de utilizar un medio de trasporte libremente escogido.
En un mundo de libre mercado, el consumidor final se pregunta ¿Cómo es posible que no se pueda acceder al medio de trasporte que desee y decida contratar? La cuestión es bastante más difícil de contestar de lo que aparenta inicialmente.

Antecedentes

En nuestro país, hasta hace unos años, el taxi era prácticamente el único medio de transporte en turismo particular para servir al ciudadano en desplazamientos urbanos e interurbanos, existiendo otros servicios con otra reglamentación y minoritariamente utilizados, tales como limusinas o coches de lujo, los cuales precisaban una licencia distinta y estaban sujetos a otra normativa, uso y forma de contratación, de tal forma que unos y otros no entraban en competencia directa.
Dicho sector del taxi estaba y está estrictamente reglamentado y los Ayuntamientos deciden el número de licencias, las paradas existentes, los lugares estratégicos para cubrir sus servicios, como estaciones de trenes o aeropuertos, las tarifas, los horarios y básicamente todas las cuestiones relativas a su funcionamiento al tratarse de una concesión administrativa.
Los taxistas, por tanto, constreñidos, por un lado por esa reglamentación, gozaban, por otro lado, de una protección que hacía que ninguna otra persona que no fuera de ese estricto sector y que tuviera su licencia pudiera participar en ese negocio.
Es decir, un ciudadano cualquiera no podría ni puede recoger usuarios y llevarlos de un sitio a otro bajo precio, al cometer intrusismo profesional, salvo que esté amparado por las correspondientes licencias.
Desde hace 20 años, el número de licencias de taxi permanece invariable siendo su número aproximado de unas 70.000 en todo el territorio nacional. El último año incluso, ha descendido las licencias por debajo de ese número y se da la circunstancia que una licencia cuyo trámite administrativo cuesta unos 500 euros se venda en el mercado secundario por cantidades que pueden superar los 150.000 euros.

Nuevas Aplicaciones

Pasado el primer decenio de este siglo, un nuevo fenómeno ha aparecido en el panorama nacional e internacional alterando el status quo del servicio tradicional de transporte de viajeros en turismo, de esta forma en nuestro país las aplicaciones UBER y CABIFY se han establecido en varias de nuestras principales ciudades y otras empresas como EASY TAXI, en centroamérica, Lyft, en EEUU o Didi Chuxingen, China, por poner algunos ejemplos, lo han hecho de forma similar en otras latitudes.
Estos servicio han aprovechado las nuevas tecnologías para ampliar el funcionamiento y contratación de los servicios de coches de contratación directa, tales como limusinas o coches de lujo o alta gama con chófer y han creado una competencia inesperada en el sector del taxi, al entrar en el mercado, por su fácil acceso a través de las aplicaciones móviles y por sus precios asequibles al público mayoritario, lo que ha provocado una gran protesta en el sector y recientes huelgas y protestas masivas de los taxistas, ante un desconcertado público que empezaba a estar acostumbrado a la coexistencia de todos los servicios.
El hecho de no poder detener el vehículo en lugares que les den el alto en la calle, no poder estar en lugares estratégicos, no poder estar en circulación a la busca o recogida de viajeros, ya no es inconveniente dada la facilidad de contratación de sus servicios a través de una simple aplicación móvil.
La CNMC se ha pronunciado al respecto con un informe en contra de los intereses de los taxistas llegando a calificar de oligopolio la posición que ellos defienden y entendiendo que va en detrimento de la calidad del servicio y que los usuarios han de resignarse a subir en vehículos de más de 300.000 kilómetros y estar al capricho y humor de los taxistas, frente a los coches impolutos de Uber y Cabify cuyos conductores pueden ser calificados a través de internet por los usuarios y que, en muchas opiniones, han elevado la calidad del servicio y atención a los clientes.

Nuevos negocios

La realidad es que un gran negocio subyace en el conflicto y los grandes capitales que ya se han introducido en gran parte de los sectores de producción, en otro tiempo ocupados por autónomos o pymes, no van a dejar la oportunidad de hacerse con los enormes ingresos que este sector origina.
Según fuentes no oficiales, la facturación de un taxista es bastante variable, dependiendo del mes y lugar de servicio si bien sus ingresos rondan en el marco de los 1.200 a los 6.000 euros al mes, siendo bastante fiable que los rendimientos mensuales netos/medios de un taxista podrían estar entre los 2.000 y los 3.000 euros al mes dependiendo la plaza donde trabaje, mientras que un conductor contratado en Uber o Cabify cobra entre 1.000 y 1.200 euros al mes.
Por un lado nos encontramos con que la diferencia entre esos ingresos se los lleva la empresa, de tal manera que un grupo muy reducido de personas accederán, por esta vía de introducir sus vehículos esquivando a través de las nuevas tecnologías los inconvenientes de la contratación del turismo para trasporte en servicio único y tal vez utilizando el dumping ( cobro a bajo precio para acabar con la competencia) a los ingresos que antes disfrutaban únicamente los taxistas.
Por otro lado, a nivel general, todos los ciudadanos podemos vernos indirectamente perjudicados por el incuestionable detrimento en la caja común, ya que estas plataformas a través de cierta ingeniería fiscal que lleva a la elusión de impuestos prácticamente no tributan en nuestro país (lo hacen entre otros lugares en los Países Bajos o EEUU) y en todo caso por cantidades muy inferiores a las aplicadas a los propios taxistas obligados por el régimen general de tributación, normalmente IRPF.
En una sociedad, cada vez menos proteccionista y donde el pez grande se come al chico, parece que los taxistas lo tienen complicado, de momento entre el 20 y el 40% del mercado parece que se les ha ido de las manos.
En este momento de confrontación, nuestras principales ciudades Barcelona y Madrid han optado por soluciones diferentes, en Barcelona con el cese de funcionamiento de las aplicaciones Uber y Cabify en Madrid no, pero esto no ha sido más que el primer capítulo de una guerra en la que se cruzan intereses diversos y derechos a proteger de las distintas partes involucradas; libertad de mercado, concesión administrativa, derechos de los usuarios, monopolio, oligopolio, recaudación de impuestos, reparto de beneficios, autónomos bien retribuidos y trabajadores con salarios mínimos, beneficios empresariales…, toda una gran cantidad de ingredientes de intereses diversos que parece dar a entender que, a no mucho tardar, finalizará con la previsiblemente inevitable reestructuración del sector.

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Entrevista a Diana González en Pulso Empresarial: sentencia del Supremo sobre Actos Jurídicos Documentados

Sin categoría 20 de octubre, 2018

En una reacción poco habitual, el Tribunal dice que volverá a estudiar si es el cliente o el banco quien debe pagar los llamados Actos Jurídicos Documentados.

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Espacio Legal cierra el año judicial con numerosos éxitos para el despacho y resultados positivos para sus clientes

Sin categoría 1 de agosto, 2018

El despacho, referente en Derecho Financiero y Bancario, Civil y en el ámbito de la delincuencia económica, se consolida también en el área fiscal y tributaria, tras crear un departamento específico para la materia.

El porcentaje de casos ganados en hipotecas multidivisa es del 100%, muy similar a los resultados obtenidos en cláusulas suelo o gastos de constitución de contratos hipotecarios. Además, fiel al espíritu del despacho y de su fundador, el letrado Marcelino Tamargo Menéndez, no han cesado en su lucha contra las malas prácticas bancarias. Cabe destacar la imputación de la cúpula del Banco Popular por su venta al Santander y la ratificación por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la sentencia que condena a dos bancos a devolver casi 11 millones de euros a una empresa catalana por cuatro SWAPS que le endosó para hacer frente a un proyecto de financiación. Además de una demanda pionera contra banco Sabadell y Popular por vincular seguros con empresas afines para conceder un préstamo hipotecario.

Para el próximo año, está previsto crear un departamento especializado en Derecho de Familia, seguir trabajando con multinacionales y potenciar la atención a las PYMES. Para esto último, se han firmado acuerdos de colaboración con asociaciones para impartir formación y dar asesoramiento.

 

Gijón, 01 de agosto de 2018

Espacio Legal finaliza otro año judicial que puede calificarse según su fundador y director, Marcelino Tamargo Menéndez, como “muy bueno y en el que se han superado las expectativas respecto a la calidad e importancia de los temas generales que se han defendido”. Cabe destacar, por ejemplo, que el despacho obtuvo la primera sentencia condenatoria en España, tras declarar el Tribunal Supremo el 15 de Noviembre de 2017 la nulidad parcial de las hipotecas multidivisa. Después han venido muchas otras, de hecho el porcentaje de casos ganados se sitúa en el 100%, muy similar a los resultados obtenidos con cláusulas suelo, gastos de constitución de hipoteca y actos jurídicos documentados.

Por otra parte, está la imputación de la cúpula directiva del Banco Popular tras su venta al Santander por un euro en junio de 2017, en la que Espacio Legal representa a cerca de un centenar de damnificados entre la vía civil y penal. Para Marcelino Tamargo, se trata de un reto muy importante tanto en lo profesional como en lo personal, ya que “está en juego el dinero de mucha gente y la posibilidad de que lo recupere”.

Fiel a la filosofía del despacho, este año ha continuado la lucha contra el hostigamiento financiero de las entidades bancarias. Entre las muchas sentencias positivas destaca la nulidad por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, de cuatro swaps que BBVA y Barclays Bank colocaron a una empresa de telecomunicaciones catalana, que a punto estuvo de llevarles a la quiebra. Espacio Legal y sus abogados, consiguieron que se paralizara el pago de las liquidaciones en tanto en cuanto no había sentencia, atendiendo así a las medidas cautelares solicitadas. Finalmente fueron condenadas a devolver casi 11 millones de euros.

Pero sin duda, el mayor logro de este año en la lucha contra las malas prácticas bancarias, ha sido la demanda interpuesta contra los bancos Sabadell y Popular por los seguros vinculados a hipotecas, en representación del Colegio Profesional de Mediadores de seguros del Principado. Para Marcelino Tamargo se trata de una práctica abusiva más de las entidades financieras, no por el hecho de obligar a contratar un seguro de vida o cancelación de hipoteca, sino porque lo hacían con aseguradoras vinculadas a ellas, a prima única y lo imponían como condición “sine qua non” para conceder el préstamo hipotecario.  El juzgado Nº3 de 3 de lo Mercantil de Gijón, la ha admitido a trámite y el juicio se celebrará en octubre.  La trascendencia de este fallo podría ser enorme, ya que la práctica totalidad de las entidades han actuado de manera similar. Tamargo está convencido de que detrás de estas dos vendrán otras muchas.

También se han llevado casos importantes en el ámbito de la delincuencia económica, como el de la abogada avilesina para la que se piden 10 años de cárcel e indemnizaciones por más de un millón de euros por un presunto delito de falsedad documental, apropiación indebida y estafa. Para Tamargo, que está convencido de la inocencia de su defendida, ha sido uno de los juicios más complicados del año, tanto por su duración (más de 20 días), como por el número de testigos y la complejidad del asunto, un “auténtico máster en el que se ha tocado todas la ramas del derecho”, según el letrado. El próximo no se presenta mucho más tranquilo, ya que está pendiente un proceso relacionado con el tráfico de armas.

Espacio Legal se ha consolidado a lo largo de 2017 y 2018 en el área de Fiscal y Tributario, gracias al departamento creado para atender a las necesidades de las empresas y particulares en esta materia. Se ha asesorado en materia de creación de sociedades, fusiones y asuntos contables, entre otros. La idea es que este departamento siga creciendo porque según Marcelino Tamargo, “del buen asesoramiento que se reciba, dependerá que no haya problemas legales futuros”. La atención a las multinacionales en este campo, ha crecido a lo largo de este año. El que viene la idea es seguir por esta senda pero volcarse especialmente con las PYMES, que son las que están más “desprotegidas” en este sentido, según el fundador y director del despacho. Para ello se han firmado convenios con diferentes asociaciones del sector, como la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, para impartir formación y asesoramiento en todos los ámbitos que necesiten.

Entre los planes para el próximo año judicial que arranca en septiembre, está la creación de un departamento de derecho de familia. Además, continuarán los esfuerzos para mejorar la atención al cliente y la comunicación directa con él, siguiendo cada caso de manera personalizada y manteniendo reuniones periódicas para informar de cómo evolucionan los casos. Asimismo, Espacio Legal estrena nueva sede en Madrid en la calle Jorge Juan nº 29, 3ª planta. Unas instalaciones modernas que permitirán tener un trato más cercano con los clientes.

Para Marcelino Tamargo, este ha sido un año muy positivo a muchos niveles. Por un lado destaca los éxitos profesionales cosechados y la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación nacionales y, por otro, la consolidación de Espacio Legal como despacho. “Se ha notado muchísimo que los clientes nos buscan, hay un efecto llamada derivado de la repercusión que tiene nuestro trabajo”, afirma Tamargo.

El director y fundador de Espacio Legal quiere agradecer a los clientes la confianza depositada en el despacho y resaltar la labor realizada por todo el equipo. “No me canso de repetir que somos como una familia en la que cada uno sabe cuál es su papel. Todo el mundo rema en el mismo sentido y por eso los resultados nos avalan”. El letrado reconoce que “ha habido momentos de mucho trabajo que exigen darlo todo al máximo nivel y nadie se ha arrugado, más bien todo lo contrario”, y apostilla: “el mayor valor con el que cuenta este despacho es su capital humano. Gracias a todos”.

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La AP de Barcelona anula cuatro swaps que dos entidades financieras colocaron a una empresa de telecomunicaciones

Sin categoría 31 de julio, 2018

La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de ratificar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 52 de Barcelona en el año 2015, que declaraba la nulidad de 4 contratos de permuta financiera (swaps) que BBVA y Barclays Bank incluyeron en una hipoteca inmobiliaria solicitada por una empresa catalana.

La intervención del despacho de abogados Espacio Legal, solicitando medidas cautelares que paralizaran el pago de las liquidaciones a las entidades bancarias, evitó la quiebra y el cierre de todo el grupo al que pertenece.

(…) Tras ratificar la nulidad, ambas entidades deberán devolver casi 11 millones de euros más intereses por las liquidaciones negativas que pagó la empresa catalana. Se les ha condenado en costas en primera instancia y en apelación a las entidades bancarias que superarán el millón de euros, según indica este despacho.

(…) Marcelino Tamargo, socio director de Espacio Legal y abogado que ha llevado el tema señala que “estos derivados financieros que se incluyeron en las hipotecas firmadas por la empresa catalana, son especialmente complejos y estuvieron a punto de costar el cierre de todo el grupo en el que se integra”.

(…) Para Marcelino Tamargo y Diana González, “el juez apreció tal desproporcionalidad en lo que estaba ocurriendo que concedió las medidas para evitar que la actuación irresponsable de los dos bancos arruinara a una empresa solvente”.

Desde el principio la operación financiera fue cuestionada por la empresa y la intervención de los abogados de Espacio Legal y la petición de medidas cautelares hicieron que se le paralizaran esos swaps. “Luego saldría la sentencia ganada anulándolos y una escritura de novación que establecía condiciones leoninas de financiación”. (…)

Leer noticia completa (confilegal.com – 27 de julio de 2018)

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Espacio Legal gana otra sentencia contra Bankinter por una multidivisa que comercializó a un asturiano en 2009

Noticias Sentencias hipotecas multidivisa 12 de julio, 2018

  • La entidad deberá amortizar más de 66.000 euros
  • Se acuerda que el préstamo operará desde el inicio en euros
  • Se declara la nulidad en lo relativo a las comisiones de apertura, cambio de divisa y reclamación de posiciones deudoras y obliga a la entidad a devolver lo cobrado por esos conceptos con intereses incluidos
  • El juez considera que Bankinter no cumplió con los deberes de información a los que está obligado y que sólo explicó al cliente las bondades del producto pero no sus riesgos

 

El juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Oviedo, acaba de condenar a Bankinter a amortizar todo lo cobrado demás (66.000 euros a fecha septiembre de 2017), así como los intereses devengados, a un asturiano al que “vendió” un préstamo hipotecario en divisas (hipoteca multidivisa) en el año 2009, con la promesa de que las cuotas que iba a pagar serían de una cuantía menor a las que tendría que hacer frente si fuese en euros, sin embargo, la apreciación de las divisa hizo que ocurriese todo lo contrario. El juez considera que la entidad bancaria faltó al deber de información y que sólo realizó simulaciones con el cliente para escenarios positivos, por lo que este desconocía las consecuencias reales y la naturaleza del producto que estaba contratando. Siguiendo al doctrina de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 15 de noviembre de 2017 , la sala ovetense ha declarado la nulidad parcial de la multidivisa lo que obliga a Bankinter a transformar en euros el préstamo desde el momento de la firma y a amortizar las cantidades cobradas demás.

 

Gijón, 12 de julio de 2018

Desde que el 15 de noviembre de 2017, en Tribunal Supremo declarara la nulidad parcial de las hipotecas multidivisa por considerarlas abusivas, son muchos los tribunales que han fallado siguiendo esta doctrina. El Juzgado de primera Instancia Nº 6 de Oviedo, acaba de condenar a Bankinter por comercializar unos de estos productos a un cliente de Espacio Legal.

El juez considera que la entidad demandada no cumplió con los deberes de información a los que estaba obligada, ya que no facilitó al cliente ningún documento que le permitiera entender la naturaleza y riesgos de lo que estaba contratando. Para el magistrado se trata de un producto complejo empezando porque el índice de referencia sobre el que se aplica el diferencial para determinar el interés aplicable en cada período es el Libor, sobre el que el ciudadano medio carece de información. Además porque los factores que intervienen en las variaciones de cambio en el mercado de divisas son complicadas y de difícil acceso o seguimiento para un cliente minorista.

Para Marcelino Tamargo Menéndez, Director del Despacho de Abogados Espacio Legal, el juez “apreció claramente que no se facilitó al cliente información tan importante, como por ejemplo el riesgo real de que el capital prestado pudiera aumentar en caso de apreciación de la moneda extranjera frente al euro, que es lo que atrapó a miles de consumidores que contrataron este producto y terminaron debiendo al banco más de lo que había pedido inicialmente”.

También resalta el magistrado en la sentencia que nada se dijo al demandante de las posibilidad de una cancelación anticipada, la exigencia de nuevas garantías o la forma en que se podría cambiar de moneda. Recrimina a la entidad “que ni tan siquiera se dignó a interesar en el acto de la audiencia previa como prueba, la declaración del empleado que supuestamente comercializó la hipoteca multidivisa, coartando al juzgador la posibilidad de acceder al cómo y de qué forma se explicó al demandante los riesgos del producto contratado”.

Además la sentencia recoge que sólo explicaron al cliente las “bondades” del producto y le indicaron que pagaría menos, pero no han podido probar que realizaran simulaciones de lo que podría ocurrir en escenarios negativos, como que la divisa tuviera una tendencia alcista.

El magistrado también rechaza el alegato de Bankinter, al que tacha de “fácil”, en el que esgrimía que la escritura de préstamo hipotecario incluía un párrafo resaltado sobre los riesgos del contrato, ya que según la sentencia del TS del 15 de noviembre de 2017, la información debe de ser previa a la firma del contrato. Aunque el párrafo efectivamente aparece, no exime a la entidad, ya que  tendría que haberlo facilitado previamente. De hecho, dice la sentencia que “la información precontractual, en este caso, brilló por su ausencia”.

 

Fallo

  • Se declara la nulidad del clausulado multidivisa y debiendo de ser eliminado del contrato hipotecario, pero manteniendo la vigencia del resto del contenido del préstamo.
  • El préstamo operará desde el principio en euros, por lo que deberá recalcularse su amortización cuota por cuota y descontarse del capital pendiente de pago.
  • Se declara la nulidad de todo lo relativo a las comisiones de apertura, cambio de divisa y reclamación de posiciones deudoras, debiendo se ser eliminadas del contrato. Bankinter deberá pagar las cantidades que hubiera cobrado por esos conceptos, con los intereses legales desde la fecha de cada cobro hasta la sentencia, que a fecha de septiembre de 2017, superaba los 66.000 euros.
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Marcelino Tamargo en SER Gijón – Demanda colectiva contra Popular y Sabadell por las cláusulas abusivas en los seguros de las hipotecas

Sin categoría 5 de julio, 2018

 

Alicia Sanguino entrevista a Marcelino Tamargo, en Hoy Por Hoy Gijón sobre la demanda colectiva contra los bancos Sabadell y Popular por los seguros vinculados a hipotecas.

La demanda, que defiende el letrado asturiano, ha sido admitida a trámite por el juzgado N3 de lo Mercantil de Gijón. Tamargo argumenta que obligar a la contratación de un seguro para conceder un préstamo hipotecario, es una práctica abusiva, con el agravante de que debe hacerse con una compañía vinculada a las entidades bancarias. También es un claro caso de competencia desleal.

La demanda ha sido interpuesta por el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros del Principado. El juicios se celebrará en octubre.

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Espacio Legal en TPA – Demanda colectiva contra Popular y Sabadell por las cláusulas abusivas en los seguros de las hipotecas.

Televisión 3 de julio, 2018

 

Las entidades bancarias tienen por delante una nueva batalla frente a los derechos de los consumidores. Tras las cláusulas suelo, gastos de constitución de hipoteca y gastos jurídicos documentados, el objetivo son ahora los seguros. Un juzgado de Gijón, en Asturias, ha admitido a trámite una demanda colectiva contra Banco Sabadell y Banco Popular por obligar a sus clientes a contratar un seguro de vida y/o amortización a prima única y con una entidad aseguradora vinculada a ellos, como requisito para otorgarles un préstamo hipotecario. La demanda, que ha sido interpuesta por el Colegio de Mediadores de Seguros del Principado representado por Espacio Legal, argumenta que se trata de una práctica abusiva. Por un lado, la prima única financiada es más alta que la que podría haberse conseguido en otra aseguradora y por otro, aumenta el importe del préstamo, lo que hace que se incremente la base liquidable del impuesto de Actos Jurídicos Documentados y por consiguiente el coste total de la operación. Además, al financiarse como parte del préstamo, los intereses se pagan durante toda la vida de la hipoteca. Por todo ello se pide que se declare la nulidad de la condición general de contratación, que se devuelvan las cantidades cobradas demás y se indemnice a los afectados por daños y perjuicios.

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ESPACIO LEGAL AL FRENTE DE LA PRIMERA DEMANDA COLECTIVA CONTRA SABADELL Y POPULAR POR LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS SEGUROS DE LAS HIPOTECAS

Notas de prensa Notas de prensa Notas de prensa 2 de julio, 2018

  • La demanda ha sido admitida a trámite y el juicio verbal tendrá lugar en octubre en el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Gijón.
  • Los recursos interpuestos por las entidades financieras han sido desestimados.
  • Se pide que cesen las condiciones generales de contratación por considerarlas abusivas, la devolución de las cantidades e indemnización por daños y perjuicios.
  • La obligatoriedad de contratar un seguro de vida y/o amortización a prima única y financiada, además de con una aseguradora impuesta atenta, como mínimo, contra los derechos de los consumidores.
  • Estas prácticas abusivas también suponen un perjuicio para la libre competencia.

 

Las entidades bancarias tienen por delante una nueva batalla frente a los derechos de los consumidores. Tras las cláusulas suelo, gastos de constitución de hipoteca y gastos jurídicos documentados, el objetivo son ahora los seguros. Un juzgado de Gijón, en Asturias, ha admitido a trámite una demanda colectiva contra Banco Sabadell y Banco Popular por obligar a sus clientes a contratar un seguro de vida y/o amortización a prima única y con una entidad aseguradora vinculada a ellos, como requisito para otorgarles un préstamo hipotecario. La demanda, que ha sido interpuesta por el Colegio de Mediadores de Seguros del Principado representado por Espacio Legal, argumenta que se trata de una práctica abusiva. Por un lado, la prima única financiada es más alta que la que podría haberse conseguido en otra seguradora y por otro, aumenta el importe del préstamo, lo que hace que se incremente la base liquidable del impuesto de Actos Jurídicos Documentados y por consiguiente el coste total de la operación. Además, al financiarse como parte del préstamo, los intereses se pagan durante toda la vida de la hipoteca. Por todo ello se pide que se declare la nulidad de la condición general de contratación, que se devuelvan las cantidades cobradas demás y se indemnice a los afectados por daños y perjuicios.

 

Gijón, 29 de junio de 2018

El próximo mes de octubre tendrá lugar en el Juzgado Nº 3 de lo Mercantil de Gijón, el juicio verbal contra Banco Sabadell S.A. y Banco Popular Español S.A. acusados de prácticas abusivas en la contratación de préstamos hipotecarios. Espacio Legal, el despacho de abogados dirigido por el letrado Marcelino Tamargo Menéndez, representa al Colegio de Mediadores del Principado de Asturias a quien la Administración de Justicia ha reconocido la legitimación necesaria para ejercitar la acción colectiva en defensa de los consumidores y usuarios. Para Tamargo está muy claro que “las condiciones generales de contratación que exigen las entidades financieras son abusivas, en tanto en cuanto se impone a los prestatarios que contraten un seguro de vida y/o amortización a prima única financiada, con una entidad aseguradora que ellas mismas eligen y con las que están vinculadas societaria o comercialmente”. Añade además que la venta del producto, en este caso el préstamo hipotecario, “está condicionado a la aceptación de sus condiciones, sin posibilidad de negociación y bajo la sanción de no conceder la financiación solicitada”.

 

Aseguradoras “amigas”

En ambas entidades, en los préstamos hipotecarios que comercializaban, aparecen cláusulas predispuestas y no negociadas en las que se obliga a la contratación de los seguros antes referidos con una fórmula de pago a prima única, que además se financia con el mismo préstamo y que, curiosamente, se firma con aseguradoras vinculadas a ellas. En el caso de Banco Popular estaríamos hablando de Eurovida S.A. y en del Banco Sabadell a Sabadell Seguros Generales.

Del contenido de estas cláusulas se desprende  que al cliente no sólo se le impone la contratación del seguro con una aseguradora determinada, sino que además se le está impidiendo la posibilidad de comparar los precios y coberturas ofrecidos por otras. Una clara vulneración de los derechos  e intereses de los consumidores.

Sin embargo, esta maniobra resulta muy beneficiosa para las entidades bancarias ya que al financiar el pago único de la prima del seguro en el propio préstamo, está cobrando los intereses de dicho importe durante toda la vida del mismo. También se benefician las aseguradoras vinculadas a ambos bancos, afectando directamente a las normas de libre competencia y en detrimento del resto de compañías del sector.

Legislación Aplicable

Existe una amplia normativa tanto en el ordenamiento jurídico español como en el europeo que avalan lo expuesto en esta demanda.

En el caso de la Unión Europea está la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de Abril sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en cuyo artículo 6.1 establece que no se vincularán al consumidor las cláusulas abusivas, por lo que es necesario articular mecanismos para que las entidades financieras desistan de su uso y así garantizar la efectividad del Derecho de la Unión.

También la directiva 2014/17UE, que en su artículo 12, sobre prácticas de ventas combinadas y vinculadas deja muy claro que los Estados Miembros autorizarán las prácticas de ventas combinadas pero prohibirán las vinculadas y prosigue que: “los Estados miembros velarán por que el prestamista acepte la póliza de seguros de un proveedor distinto de su proveedor favorito cuando dicha póliza posea un nivel de garantía equivalente al nivel que haya propuesto el prestamista”.

Estas limitaciones legislativas comunitarias refuerzan todo lo expuesto hasta el momento, en la medida que vienen a constatar que tanto Banco Sabadell como Banco Popular las incumplieron claramente.

En cuanto a la legislación nacional, la normativa es amplia, empezando por la Ley General  para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que en el artículo 80.1. establece que en los contratos entre consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente se deben de cumplir los siguientes requisitos: “concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato”, además de “accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido”.

Por otro lado disponemos de la ley 7/8, sobre condiciones generales de contratación, que en el artículo 5 deja bien claro que “no podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no se le haya facilitado un ejemplar de las mismas”. Así mismo también incide en el artículo 7, que debe de haber una oportunidad real de conocer estas condiciones generales de manera completa en el momento de la firma del contrato y que de no ser así estas no podrán incorporarse al mismo.

Ninguna de estas condiciones se dan en los contratos hipotecarios de Banco Santander y Popular respecto de las cláusulas que obligan a la contratación de los seguros referidos.

Normativa vulnerada

Entre toda la normativa vulnerada en la comercialización de los productos que son objeto de esta demanda, destaca el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que considera abusivas las cláusulas que imponen al consumidor de bienes y servicios adicionales a los que ha solicitado y que comportan un incremento del precio.

También la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, que establece que los mediadores no podrán imponer directa o indirectamente la celebración de un contrato de seguro. Para Marcelino Tamargo “ambas entidades bancarias actúan como mediadoras en la contratación de seguros de vida/protección de pagos vinculados al préstamo hipotecario, por lo que no pueden imponer la celebración de esos contratos. Sin embargo no sólo lo hacen sino que además lo exigen como condición para conceder el préstamo”.

Por otro lado está la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato del Seguro en la que se dispone que el tomador del seguro de un contrato individual de duración superior a seis meses, sobre la vida propia o de un tercero, podrá resolverlo de manera unilateral sin indicar los motivos y sin tener penalización alguna en el plazo de los treinta días siguientes a la fecha en la que el asegurador entregue la póliza. Una circunstancia que según Tamargo “no se advierte al consumidor por parte de ambas entidades bancarias, impidiéndole  acceder a una información vital sobre cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos”.

Por último está la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia que prohíbe aquellas prácticas que impidan la libre competencia, especialmente las que consistan en aplicar relaciones comerciales o de servicio que supongan una situación de desventaja de unos competidores frente a otros. Una situación que se da de manera clara en esta causa, en la que las aseguradoras vinculadas a las entidades bancarias parten de una situación claramente ventajosa respecto al resto del sector.

Cláusula Abusiva

Existen multitud de criterios, en base a la normativa de consumo, para considerar como abusivas las cláusulas que obligan a la contratación de un seguro de vida/protección de pagos a prima única financiada y con una entidad aseguradora impuesta, para contratar un préstamo hipotecario.

  • La cláusula es contraria a las exigencias de buena fe, en el sentido de que se impide al consumidor, que no puede comparar otras ofertas, que le den mejores precios y condiciones. Las únicas beneficiadas son las entidades bancarias (Banco Sabadell y Banco Popular) que aumentan su margen de beneficio al cobrar los intereses del importe financiado de a prima única durante toda la vida del préstamo y al imponer la contratación del seguro con otra empresa del grupo.
  • Ocasiona importantes desequilibrios contractuales entre los derechos y obligaciones de las partes. La cláusula beneficia siempre al prestamista y perjudica al prestatario.
  • No hay negociación sino imposición de la entidad bancaria destinada a ser incluida en multitud de contratos y sin negociarse de forma individualizada.

Peticiones de la demanda

La demanda presentada solicita lo siguiente:

  • Que se declare nula por abusiva la condición general de contratación en que figura en los contratos de préstamo hipotecario formalizados por Banco Sabadell y Banco Popular.
  • Que se condene a ambas entidades a eliminar dicha cláusula de los contratos.
  • Que se devuelva a los afectados el importe de la prima única, las cantidades cobradas demás en concepto de intereses y cualquier otro gasto que se haya generado
  • Que se otorgue un plazo de dos meses para proceder al cumplimiento de la condena

 

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BBVA y Caixabank tendrán que devolver 11 millones por cuatro swaps

Prensa escrita Prensa escrita 11 de junio, 2018

(…)Lo relevante de la sentencia, según explica el bufete Espacio Legal, es que el juez aceptó aplicar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el pago de las liquidaciones, lo que evitó la quiebra y el cierre del grupo.

(…) Tal y como explican los letrados que representaron a la demandante, Marcelino Tamargo y Diana González, y el juez concedió las medidas cautelares “para evitar que la actuación irresponsable de los dos bancos arruinara a una empresa solvente”.

La sentencia recuerda que, al tratarse de inversores no profesionales, las entidades financieras deben suministrar al cliente una información comprensible y adecuada de las características del producto que contratan, pero sobre todo de los riesgos que asumen.(…)

Leer noticia completa (eleconomista.es – 11 de junio de 2018)

 

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Entrevista a Marcelino Tamargo en SER Gijón – RGPD

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El 25 de mayo entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), uno de los cambios normativos más importantes de la Unión Europea. Es de obligado cumplimiento para todas las empresas, independientemente de su tamaño. Éstas deben adaptar sus protocolos y estructuras si no quieren ser sancionadas. En Espacio Legal te ayudamos en la transición a este cambio normativo.

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