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Excepción de caducidad: último truco de las entidades financieras

Artículos de Marcelino Tamargo 2 de enero, 2018

Dispone el artículo 1.301 CC: “La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr en los casos de error, dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato”.

Con esta claridad define nuestro código civil la caducidad de la acción. Sin embargo, llevadas por un ánimo esquivatorio, observamos como en los últimos tiempos, muchas entidades intentan desviar la atención de “algunos jueces y magistrados” (como siempre los más conservadores jurídicamente) llevándoles a opinar que la caducidad comenzará a contar desde que el cliente de la entidad financiera tuvo conocimiento del error. Y yo me pregunto: ¿dónde puede leerse eso en ese artículo? Juzguen ustedes.

Es de juristas recordar que el contrato tiene un ciclo vital impuesto por la existencia de voluntades distintas y por el cumplimiento de sus requisitos esenciales. Las fases de ese ciclo son: la generación, la perfección y la consumación. Esta última es el cumplimiento del fin del contrato, es decir: la realización de las prestaciones (TODAS).

Así, los contratos de tracto único quedan agotados en una prestación y se extinguen; mientras que en los contratos de tracto sucesivo, la consumación se prolonga en el tiempo y el contrato no se extingue hasta la realización de la última prestación. Es lo que ponen de relieve, por un lado la STS de 11 de junio de 2003, cuando expresa que el cómputo se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, una vez cumplidas todas las obligaciones (sentencias, entre otras, de 24 de junio de 1897 y 20 de febrero de 1928) y por otro, la sentencia de 27 de marzo de 1989 que precisa que el art. 1301 del Código Civil señala que en los casos de error o dolo la acción de nulidad del contrato empezará a correr desde la consumación del contrato . Este momento de la “consumación” no puede confundirse con el de la perfección del contrato, pues sólo tiene lugar cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes, criterio que se manifiesta igualmente en la sentencia de 5 de mayo de 1983, en un supuesto de precio aplazado.

A mi modo de ver está bastante claro, pero como parece que la jurisprudencia lo aguanta todo, incluyendo los trucos de algunos abogados que citan sólo las frases de las sentencias que les interesan sin profundizar en el caso concreto, en el último año hemos tenido que leer en el despacho algunas sentencias que nos dejan boquiabiertos porque hacen interpretaciones de lo que NO dice la ley. Lo que no sé decirles es porqué, quizá una suerte de “rebelión” sobre dar la razón a los consumidores y empresas que reclaman la nulidad de los abusos bancarios. No se puede entender, al menos yo no lo puedo entender, como un servidor de la justicia considera esto justo. Quizá sea una justicia superior a la que aún no he llegado.

Y todo esto pese a que, frente a esta posición, el Tribunal Supremo mantiene la doctrina de sentencias anteriores, que indican que la consumación del contrato (momento a partir del cual según el art 1301 del CC, empiezan a correr los cuatro años para reclamar) tiene lugar cuando están completamente cumplidas las prestaciones por ambas partes y el fundamento de derecho 5a de la STS de 12 de enero de 2.015, lo clarifica y amplía al indicar que la consumación del contrato no puede quedar fijado antes de que el cliente haya tenido conocimiento de su error. Y describe tal conocimiento como “la comprensión real de las características y riesgos del producto”.

En consecuencia, el criterio desplegado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 enero de 2015, le otorga la trascendencia adecuada a cualquier caso de compra de productos financieros, pues difícilmente aquella persona a la que se lo han comercializado tendrá una comprensibilidad real del verdadero riesgo del producto con la primera liquidación negativa, o percepción negativa, o falta de abono de interés, sin tener en cuenta además, que evidentemente no es compresible ni tan siquiera previsible por los clientes con esa primera liquidación.

En el año 2015 nuestro alto tribunal en la sentencia ya mencionada, indicó claramente a todos los profesionales del derecho, que hemos de acudir a la interpretación de las normas conforme Derecho Comunitario desde una visión progresista. Eso viene también recogido en nuestro código civil (aviso a navegantes), en concreto  en el art. 1301 en relación a las acciones que persiguen la anulación de un contrato bancario o de inversión por concurrencia de vicio del consentimiento, donde indica que no puede obviarse el criterio interpretativo relativo a “la realidad social del tiempo en que [las normas] han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquélla», tal como establece el art. 3 del Código Civil “. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4:113).

En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento. La excepción de caducidad es una suerte de ingeniería legal, con la que las entidades financieras vuelven a intentar sortear las responsabilidades derivadas de sus acciones abusivas.

Leer artículo (8 de diciembre de 2017- Iuris Lex)

 

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La inseguridad jurídica se ceba en las hipotecas multidivisa

Sin categoría 1 de enero, 2018

En la sentencia conocida este viernes, del 16 de noviembre, la Audiencia Provincial de Zamora estima todas las pretensiones del hipotecado y su defensa (el bufete Espacio Legal), declarando la nulidad de las cláusulas multidivisa. Condena a Bankinter al recálculo de la cantidad del préstamo en euros, resultante de disminuir el importe prestado de la cantidad amortizada, en concepto de principal e intereses, y la devolución de las comisiones ilícitas no informadas más los intereses legales y las costas. En opinión de Marcelino Tamargo, de Espacio Legal, “la valoración previa del regulador es esencial de cara a que el juez pueda decidir sobre los casos de hipotecas multidivisa. Así en todos nuestros casos se da siempre la visión previa del BDE o la CNMV”.

Leer noticia completa (11 de diciembre de 2017- El Periódico)

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La doctrina del Supremo sobre hipotecas multidivisa ya se aplica en los juzgados

Sin categoría

Tras varios años abonando las cuotas, los demandantes, representados por Marcelino Tamargo, del bufete Espacio Legal, se encontraron con que el capital pendiente de amortizar había pasado de los 285.000 euros solicitados en 2008 a 367.215,27 euros.

La sentencia del juzgado zamorano recoge cómo no se informó a los clientes acerca del riesgo de tipo de cambio o del riesgo de tipo de interés, y en concreto, de la posibilidad de que como consecuencia de las fluctuaciones de los mercados de divisas, el capital pendiente de amortizar pudiere llegar a ser superior al solicitado, lo que de hecho ocurrió.

Leer noticia completa (2 de diciembre de 2017-Diario Expansión)

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Los juzgados ya aplican la doctrina del Supremo sobre hipotecas multidivisa

Noticias Sentencias hipotecas multidivisa Noticias Sentencias hipotecas multidivisa Noticias Sentencias hipotecas multidivisa

(…) Tras varios años abonando las cuotas, los demandantes, representados por Marcelino Tamargo, del bufete Espacio Legal, se encontraron con que el capital pendiente de amortizar había pasado de los 285.000 euros solicitados en 2008 a 367.215,27 euros.

La sentencia del juzgado zamorano recoge cómo no se informó a los clientes acerca del riesgo de tipo de cambio o del riesgo de tipo de interés, y en concreto, de la posibilidad de que como consecuencia de las fluctuaciones de los mercados de divisas, el capital pendiente de amortizar pudiere llegar a ser superior al solicitado, lo que de hecho ocurrió. (…)

Leer noticia completa (2 de diciembre de 2017-El Economista)

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Demandarán a Belén Esteban por insinuar que Portero consumía estupefacientes

Noticias otras sentencias 30 de noviembre, 2017

 

(…)Esta mañana fue el acto conciliación en el Juzgado de Paz de Paracuellos de Jarama, lugar de residencia de Belén Esteban. Ella no acudió, fueron sus abogados. Estos dijeron que las afirmaciones no eran ciertas, pero el letrado de Ángela Portero, Marcelino Tamargo Menéndez (Director de Espacio Legal Despacho de Abogados), aseguró tener pruebas y testigos suficientes sobre las insinuaciones, de cara al juicio. En este encuentro se rechazó llegar a cualquier tipo de acuerdo. Por tanto, el siguiente paso es demandar por vía judicial a Belén Esteban por atentar contra el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen tras las insinuaciones realizadas(…)

 

Leer noticia completa (29 de noviembre de 2017 – Que.es)

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Espacio Legal también sentará en el banquillo a Emilio Saracho, Ángel Ron, miembros de la cúpula directiva del Popular y a PWC por la venta de acciones del Banco.

Notas de prensa Sin categoría Sin categoría 21 de noviembre, 2017

El Juez Fernando Andreu, que se encarga de la “macrocausa” abierta en la Audiencia Nacional para investigar el hundimiento del Banco Popular, ha admitido a trámite la denuncia presentada por el letrado Marcelino Tamargo Menéndez, en el que se piden responsabilidades por un delito de estafa y otro de falsedad contable por la venta de 200.000 acciones a una sociedad mercantil, pocos meses antes de la compra por parte del Banco Santander al precio simbólico de un euro. Tamargo argumenta que el Popular ofreció datos falsos sobre sus cuentas anuales, para dar una apariencia de solvencia económica que no tenían y con el único fin de captar el mayor número de inversores posibles.

Gijón, 16 de noviembre de 2017

Desde que hace unos años Espacio Legal se convirtiera en el primer despacho de España en conseguir una sentencia condenatoria contra un banco, por uno de los denominados “productos basura”, no ha dejado de luchar contra las malas prácticas de las entidades y se ha convertido en un referente nacional en el ámbito del Derecho Financiero y Bancario. Por eso no es de extrañar que se haya convertido en uno de los abanderados en la causa que mantienen los accionistas y bonistas del Banco Popular contra la entidad, tras su venta al Banco Santander, y que supuso para ellos la pérdida de todos los activos que habían adquirido.

Marcelino Tamargo, Director y Fundador de Espacio legal Despacho de Abogados.

En la denuncia por estafa y falsedad contable presentada por Marcelino Tamargo ante el Juez Andreu, en representación de una Sociedad Mercantil, el letrado considera que, los miembros del consejo de Administración del Banco Popular “proyectaron una imagen falsa, ajena a la realidad económica de la entidad, con el fin de captar el mayor número de inversores a sabiendas de la falsedad de su estado contable y del virtual estado de insolvencia general que padecía el Banco”, para Tamargo esta información sesgada fue lo que hizo que los accionistas confiaran e invirtieran en títulos.  Además, el Popular nunca advirtió a la CNMV de que hubiera algún tipo de problema, más bien todo lo contrario. Ante las noticias publicadas en algunos medios de comunicación, le hizo saber que no había riesgo de quiebra. A todo esto hay que sumar, que pese a ser conocedores de la situación, el banco entregó 7,27 millones a los administradores entre enero y junio, además de pagar al ex presidente, Emilio Saracho una prima de cuatro millones por los 107 días que ocupó el cargo o aportar  3,4 millones para pensiones de los consejeros, entre otros gastos que aparecen en el último informe anual entregado por el Banco Popular.

En el caso de la Sociedad Mercantil, a la que representa Espacio Legal, fue exactamente eso lo que ocurrió. Compró las 200.000 acciones en febrero y abril de 2017 (la adquisición por parte del Santander se produjo en Junio) basándose “ en la información pública auditada y supervisada que desde el Banco Popular se suministró como garante de la inversión y que resultó ser falsa, provocando la pérdida total de las inversiones realizadas”.

Por todos estos motivos, desde Espacio Legal, se ha formulado denuncia por un delito de estafa de los artículos 248 y 249 del Código Penal, y un delito de falsedad contable frente a Banco Popular S.A., así como frente al Consejo de Administración de Banco popular, sus presidentes D. Ángel Ron Y D. Emilio Saracho y frente a Pricewaterhousecoopers Audítores S.L.

La denuncia ha sido admitida por el juez Fernando Andreu, que instruye la causa asignada al Juzgado Central de Instrucción nº cuatro de la Audiencia.

El Banco Santander compró por un euro el Banco Popular el 7 de junio de 2017 mediante el Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) ante el riesgo de quedarse sin liquidez suficiente para atender a sus clientes. Fue la primera vez que se adoptaba esta drástica medida en Europa , que supuso que los 300.000 accionistas de la entidad y los titulares de bonos subordinados y convertibles perdieran toda su inversión. Ahora esos afectados empiezan a reclamar sus derechos y serán los tribunales los que decidan sobre la legalidad de la operación.

 

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Entrevista en Gestiona Radio: Sentencia del Supremo que declara la nulidad de una hipoteca multidivisa

Radio Radio 16 de noviembre, 2017

El 15 de noviembre el Tribunal Supremo declaró la nulidad parcial de una Hipoteca Multidivisa, sentando jurisprudencia en este sentido. Fran Gregoris, Director del Programa Economía a las Dos de Gestiona Radio, entrevista a Marcelino Tamargo, Director y Fundador de Espacio Legal Despacho de Abogados, que analiza la repercusión y consecuencias legales de la sentencia.

 

Entrevista emitida el 16 de Noviembre de 2017

 

 

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¿Puede un juez mercantil anular la venta del Popular? Debe demostrar que era insolvente.

Espacio Legal en los medios Espacio Legal en los medios Espacio Legal en los medios Espacio Legal en los medios Espacio Legal en los medios Espacio Legal en los medios Espacio Legal en los medios Portada Portada Portada Portada Portada Portada Portada Prensa escrita Prensa escrita Prensa escrita Prensa escrita Prensa escrita 31 de octubre, 2017

 

La solicitud de concurso necesario de acreedores para el Banco Popular ante el juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid abre nuevas incertidumbres para los afectados por su resolución y venta al Santander. ¿Puede un juez español anular la decisión de un organismo europeo como la JUR? Aunque lo consideran muy improbable, varios abogados consultados explican que sí. Para ello, tendría que contar con evidencias suficientes de que la entidad era insolvente antes de su resolución y que sus administradores, encabezados por el expresidente Emilio Saracho, lo sabían y lo ocultaron. En todo caso, los accionistas tampoco recuperarían nada de su dinero por esta vía.

(…)

Entonces, si a los accionistas salen beneficiados, ¿a quién le puede interesar el concurso de acreedores? Marcelino Tamargo, socio del bufete Espacio Legal, da una respuesta sorprendente: al propio Santander. Su tesis se basa en que el comprador del Popular está viendo que “lo tiene muy negro” porque se está dando cuenta de que, o bien el Tribunal de la UE, o bien la Audiencia Nacional, van a declarar nula la resolución y venta de la entidad. En cuyo caso, si no puede devolverla (algo muy complicado tras la venta del ladrillo del Popular a Blackstone), tendría que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones a los accionistas, que se cifran en torno a 2.000 millones. Precisamente por este temor, habría ofrecido los bonos de fidelización a los minoristas a cambio de no ir a los tribunales.

Con el concurso, evitaría tener que pagarlas, siempre según esta teoría, ya que los demandantes tendrían que sumarse a la masa del concurso para cobrar con los activos del Popular. Y como su valor es negativo, no cobrarían nada. Esto requiere que la jueza asuma que las operaciones realizadas por el Santander tras la adquisición del Popular se han hecho de buena fe, por lo que no las declararía nulas. Además, según Tamargo, esto tendría la ventaja de que todas las demandas contra el Popular por otras cuestiones -como las cláusulas suelo- también tendrían que ser vistas por el juez mercantil. De ahí que crea que, detrás de esta solicitud, está la mano de Uría & Menéndez, los abogados de confianza del Santander. El resto de expertos consultados no comparten esta visión y consideren que lo que le interesa al Santander es seguir haciendo operaciones con el Popular.

Leer noticia completa (31 de octubre de 2017 – elconfidencial.com)

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Espacio Legal cuenta con sedes en Madrid, Gijón, Barcelona y Málaga. Desde ellas trabajamos en toda España y cualquier país en el que nuestros clientes tengan intereses. Somos pioneros en la lucha contra las malas prácticas bancarias, labor que se nos ha reconocido con la concesión del premio “El Suplemento 2016” en la categoría de Derecho Financiero. A día de hoy nos ocupamos de todo tipo de especialidades jurídicas.

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