ESPACIO LEGAL TAMBIÉN SENTARÁ EN EL BANQUILLO A EMILIO SARACHO, ÁNGEL RON, MIEMBROS DE LA CÚPULA DIRECTIVA DEL POPULAR Y A PWC POR LA VENTA DE ACCIONES DEL BANCO.

Espacio Legal, se convierte en el primer despacho del Principado que va a poner ante el juez a la cúpula del Popular. Una vez más, se pone al frente de la lucha contra las malas prácticas bancarias en un caso pionero, en el que los accionistas han perdido todo el capital invertido.

El Juez Fernando Andreu, que se encarga de la “macrocausa” abierta en la Audiencia Nacional para investigar el hundimiento del Banco Popular, ha admitido a trámite la denuncia presentada por el letrado Marcelino Tamargo Menéndez, en el que se piden responsabilidades por un delito de estafa y otro de falsedad contable por la venta de 200.000 acciones a una sociedad mercantil, pocos meses antes de la compra por parte del Banco Santander al precio simbólico de un euro. Tamargo argumenta que el Popular ofreció datos falsos sobre sus cuentas anuales, para dar una apariencia de solvencia económica que no tenían y con el único fin de captar el mayor número de inversores posibles.

Gijón, 16 de noviembre de 2017

Desde que hace unos años Espacio Legal se convirtiera en el primer despacho de España en conseguir una sentencia condenatoria contra un banco, por uno de los denominados “productos basura”, no ha dejado de luchar contra las malas prácticas de las entidades y se ha convertido en un referente nacional en el ámbito del Derecho Financiero y Bancario. Por eso no es de extrañar que se haya convertido en uno de los abanderados en la causa que mantienen los accionistas y bonistas del Banco Popular contra la entidad, tras su venta al Banco Santander, y que supuso para ellos la pérdida de todos los activos que habían adquirido.

Marcelino Tamargo, Director y Fundador de Espacio legal Despacho de Abogados.

En la denuncia por estafa y falsedad contable presentada por Marcelino Tamargo ante el Juez Andreu, en representación de una Sociedad Mercantil, el letrado considera que, los miembros del consejo de Administración del Banco Popular “proyectaron una imagen falsa, ajena a la realidad económica de la entidad, con el fin de captar el mayor número de inversores a sabiendas de la falsedad de su estado contable y del virtual estado de insolvencia general que padecía el Banco”, para Tamargo esta información sesgada fue lo que hizo que los accionistas confiaran e invirtieran en títulos.  Además, el Popular nunca advirtió a la CNMV de que hubiera algún tipo de problema, más bien todo lo contrario. Ante las noticias publicadas en algunos medios de comunicación, le hizo saber que no había riesgo de quiebra. A todo esto hay que sumar, que pese a ser conocedores de la situación, el banco entregó 7,27 millones a los administradores entre enero y junio, además de pagar al ex presidente, Emilio Saracho una prima de cuatro millones por los 107 días que ocupó el cargo o aportar  3,4 millones para pensiones de los consejeros, entre otros gastos que aparecen en el último informe anual entregado por el Banco Popular.

En el caso de la Sociedad Mercantil, a la que representa Espacio Legal, fue exactamente eso lo que ocurrió. Compró las 200.000 acciones en febrero y abril de 2017 (la adquisición por parte del Santander se produjo en Junio) basándose “ en la información pública auditada y supervisada que desde el Banco Popular se suministró como garante de la inversión y que resultó ser falsa, provocando la pérdida total de las inversiones realizadas”.

Por todos estos motivos, desde Espacio Legal, se ha formulado denuncia por un delito de estafa de los artículos 248 y 249 del Código Penal, y un delito de falsedad contable frente a Banco Popular S.A., así como frente al Consejo de Administración de Banco popular, sus presidentes D. Ángel Ron Y D. Emilio Saracho y frente a Pricewaterhousecoopers Audítores S.L.

La denuncia ha sido admitida por el juez Fernando Andreu, que instruye la causa asignada al Juzgado Central de Instrucción nº cuatro de la Audiencia.

El Banco Santander compró por un euro el Banco Popular el 7 de junio de 2017 mediante el Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) ante el riesgo de quedarse sin liquidez suficiente para atender a sus clientes. Fue la primera vez que se adoptaba esta drástica medida en Europa , que supuso que los 300.000 accionistas de la entidad y los titulares de bonos subordinados y convertibles perdieran toda su inversión. Ahora esos afectados empiezan a reclamar sus derechos y serán los tribunales los que decidan sobre la legalidad de la operación.

 

Espacio Legal

Espacio Legal cuenta con sedes en Madrid, Gijón, Barcelona y Málaga. Desde ellas trabajamos en toda España y cualquier país en el que nuestros clientes tengan intereses. Somos pioneros en la lucha contra las malas prácticas bancarias, labor que se nos ha reconocido con la concesión del premio “El Suplemento 2016” en la categoría de Derecho Financiero. A día de hoy nos ocupamos de todo tipo de especialidades jurídicas.

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