El futuro de los accionistas del Popular tras la compra del Santander

El futuro de los accionistas del Banco Popular tras la compra del Santander El Banco Santander debería hacerse cargo de las reclamaciones, puesto que el Popular es ahora una filial suya. El Banco Popular ha vendido el 100% de sus acciones al Santander al precio simbólico de 1€. Esta operación ha evitado la quiebra de […]

El futuro de los accionistas del Banco Popular tras la compra del Santander

El Banco Santander debería hacerse cargo de las reclamaciones, puesto que el Popular es ahora una filial suya.

El Banco Popular ha vendido el 100% de sus acciones al Santander al precio simbólico de 1€. Esta operación ha evitado la quiebra de la entidad y ha supuesto la aplicación, por primera vez del nuevo sistema de resolución bancaria que implica la utilización de fondos propios para sanear, en lugar de dinero público. Los principales afectados por esta medida son los acreedores, pero también accionistas y bonistas que pierden toda su inversión. La única salida que les queda es optar por la vía judicial y demandar al Popular, a sus antiguos gestores o incluso a las autoridades europeas, que hace seis meses afirmaban que el Banco Popular era viable. Otra opción es exigir responsabilidades al comprador, el Banco Santander, que debería hacerse cargo de todas las obligaciones contraídas con la entidad que adquiere.

Madrid, 08 de junio de 2017

Los depositantes y contribuyentes del Banco Popular pueden estar tranquilos, no perderán su dinero, la única diferencia es que a partir de ahora son clientes del Santander. Peor lo tienen los accionistas y a aquellos que poseen bonos contingentes convertibles (cocos), no importa que sean grandes o pequeños accionistas, todos ellos perderán su dinero. La misma suerte van a correr los titulares de deuda subordinada. La aplicación por primera vez del modelo bail-in, que evita que los costes recaigan en los contribuyentes, carga las pérdidas sobre los fondos propios.

Llegados a este punto cabe preguntarse qué posibilidades tienen los inversores de recuperar su dinero. En principio no es fácil que todos rescaten su capital, pero sea cual sea su situación la única opción que les queda es la vía judicial.

En el caso de los que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016, pueden acogerse a los errores cometidos en las cuentas utilizadas como base para realizar dicha ampliación, hecho que el propio Popular puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, al advertirlo este mismo año.

Aquellos que tengan bonos convertibles adquiridos entre 2009 y 2015 también pueden acudir a los tribunales. Tras tres prorrogas, la deuda comprada por los clientes se transformó en acciones el 25 de noviembre de 2015 y el producto arrojó pérdidas enormes ya que el precio de conversión de la acción estaba fijado en 17,69 euros, pero la cotización real estaba en torno a 3,38. Muchos afectados, iniciaron en ese momento acciones legales contra el Popular, ahora puede seguirse el mismo camino.

Hasta el momento, los tribunales que han fallado a favor de los clientes sostienen que hubo falta de información, máxime cuando en 2009 ya estaba en vigor la directiva europea MiFID que obligaba a las entidades no sólo a informar de los riesgos de los productos sino también a realizar un test que demostrara si los clientes eran aptos o no para la inversión.

El fundador y director de Espacio Legal Despacho de Abogados, Marcelino Tamargo, recuerda que ha conseguido multitud de sentencias condenatorias por la venta y colocación de este producto contra el Banco Popular. Tamargo cree que “esa responsabilidad debería recaer ahora en el Banco Santander, puesto que al haber convertido al Popular en una filial, tiene la obligación de hacerse cargo de las obligaciones y responsabilidades que éste tenía con sus

clientes”. También apunta que “algo de eso debe de temerse la entidad presidida por Ana Botín, cuando ha hecho una ampliación de 7000 millones de euros que parecen destinadas a hacer frente a posibles demandas”.

Por último existen otras opciones de reclamación que ya se están ultimando.

El Banco Central Europeo podría tener responsabilidades administrativas, ya que hasta hace nada hablaba del Popular como una entidad solvente y con posibilidad de sanearse. Si ahora es todo lo contrario, eso indica que hubo errores por parte de las autoridades europeas.

Además al último presidente del Popular, Emilio Saracho y a su equipo, podrían pedírseles responsabilidades civiles y mercantiles por propiciar que el banco se hundiera en bolsa y la fuga de depósitos de los últimos días.

Lo que está claro, es que pese a las declaraciones de los responsables del Banco Santander, en las que aseguran que no habrá ningún tipo de indemnización para los afectados, queda mucha tela que cortar.

Espacio Legal recomienda consultar cada caso con un profesional para analizar las posibilidades reales de reclamación vía judicial , un camino que ya se ha mostrado más que efectivo a la hora de exigir responsabilidades a las entidades financieras.

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