Tras el Estado de Alarma decretado por el gobierno, y la imposibilidad de circular libremente, es probable que, en los próximos meses, se produzcan incumplimientos masivos de contratos en ámbitos y sectores, por lo que nuestras empresas deberían prepararse para evitar penalizaciones y reclamaciones de responsabilidad.
Esta situación excepcional ocasionada por el COVID-19, da lugar a muchas incógnitas en el ámbito contractual. Todo apunta a que las partes en determinados contratos podrán ahora exonerar su responsabilidad, alegando fuerza mayor, en los casos que las medidas extraordinarias impuestas por las autoridades las que directamente impiden el cumplimiento del contrato. Aunque no todas las situaciones son tan claras, en especial e la medida en que el Real Decreto que declara el estado de alarma incluye un listado de actividades, que se suspenden de forma expresa. Sólo están fuera de dicha suspensión determinados sectores, considerados esenciales.
La limitación de libre circulación de las personas imposibilita en el caso de muchas empresas el desplazamiento hasta su lugar de trabajo. En este escenario se deberá evaluar, caso por caso y en qué medida las circunstancias excepcionales impiden el cumplimiento de obligaciones asumidas y si el teletrabajo puede permitir el cumplimiento de los contratos asumidos con anterioridad al estado de alarma. Pues es probable que haya actividades o tareas empresariales pendientes de finalizar y que además esta situación excepcional haya generado nuevas obligaciones pendientes, al no poder desarrollar la actividad con normalidad. Se estima también que es probable que los efectos de las restricciones se prolonguen más allá del plazo del estado de alarma.
Lo que aconsejamos desde Espacio Legal, es un estudio personalizado de cada caso en particular y comunicar a clientes y proveedores, tan pronto como sea posible, la suspensión de contratos, por la imposibilidad de desarrollar la actividad y renegociar las condiciones contractuales adaptándolas a la nueva situación.
