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La última sentencia del «Caso Bankinter» también condena al banco a pagar por la estafa de uno de sus agentes.

La afectada no recurrirá la sentencia, aunque la cantidad es menor a los 52.000 euros que solicitaba su abogado, el letrado Marcelo Tamargo Menéndez.

Gijón, 15 de diciembre de 2016

El juzgado de Cangas de Onís vuelve a dar la razón a los afectados por la estafa del que fuera agente de «Bankinter», Jesús Lobato (ya fallecido) quien utilizo las cuentas de 61 vecinos para realizar operaciones financieras arriesgadas, solicitar préstamos y tarjetas de crédito entre otras cosas, por un importe cercano a los tres millones de euros.

Tras 18 sentencias favorables, la última sigue la misma línea y condena a Bankinter a pagar 41.000 euros de daños económicos y otros 1.500 euros por daños morales a la afectada, Ana Cueto, que no recurrirá la sentencia pese a que la cantidad que percibirá es inferior a los 52.000 euros que solicitaba su abogado. Los familiares del ex agente (su mujer y su hijo) quedaron exentos de responsabilidades al renunciar a la herencia

El letrado Marcelo Tamargo Menéndez, que ha representado a Cueto y a la mayoría de los afectados, se ha mostrado satisfecho con el resultado porque marca el camino para otro caso muy similar en la misma localidad, la supuesta estafa del que era director de El Banco Pastor, Manuel Mori, que empezará a juzgarse el año que viene.

Para Tamargo, la sentencia ratifica la teoría que mantuvieron desde el primero de los juicios: “falló el control de los agentes y falló algo que no esperas falle en un banco, las auditorías internas. No es normal que un agente invirtiera millones y millones de euros y no se encendiera ninguna alarma. Por lo tanto quien falló fue el Banco”. Cabe recordar que la postura de la entidad, precisamente hasta este último juicio, era la de asegurar que ejecutó todas las inspecciones pertinentes pero que el agente se valió de la relación de confianza que mantenía con sus clientes para estafarlos.

En cuanto al cobro de las cantidades, Tamargo calcula que una vez presentadas las ejecuciones provisionales de las sentencias, los afectados empezarán a ver el dinero en sus cuentas en un plazo de dos meses.