El sector del taxi está viviendo una reconversión. El libre mercado impone sus reglas y un sector que gozaba de un status quo bien legislado y donde no existía la competencia desleal se está viendo alterado por la proliferación de las aplicaciones UBER y CABIFY que permiten la contratación directa de servicio de coches, generando una competencia inesperada en este sector que necesita, forzosamente, de nueva legislación que permita la coexistencia de todos los servicios
Eladio de la Concha García-Mauriño
Letrado- Especialista en Mediación
En los últimos tiempos, el sector del taxi se encuentra convulso. Los usuarios, desconocedores de los problemas del sector, observan, casi atónitos, los enfrentamientos entre profesionales de la conducción privada de pasajeros, llegando, en algún caso, a ser víctimas de alguna agresión por el mero hecho de utilizar un medio de trasporte libremente escogido.
En un mundo de libre mercado, el consumidor final se pregunta ¿Cómo es posible que no se pueda acceder al medio de trasporte que desee y decida contratar? La cuestión es bastante más difícil de contestar de lo que aparenta inicialmente.
Antecedentes
En nuestro país, hasta hace unos años, el taxi era prácticamente el único medio de transporte en turismo particular para servir al ciudadano en desplazamientos urbanos e interurbanos, existiendo otros servicios con otra reglamentación y minoritariamente utilizados, tales como limusinas o coches de lujo, los cuales precisaban una licencia distinta y estaban sujetos a otra normativa, uso y forma de contratación, de tal forma que unos y otros no entraban en competencia directa.
Dicho sector del taxi estaba y está estrictamente reglamentado y los Ayuntamientos deciden el número de licencias, las paradas existentes, los lugares estratégicos para cubrir sus servicios, como estaciones de trenes o aeropuertos, las tarifas, los horarios y básicamente todas las cuestiones relativas a su funcionamiento al tratarse de una concesión administrativa.
Los taxistas, por tanto, constreñidos, por un lado por esa reglamentación, gozaban, por otro lado, de una protección que hacía que ninguna otra persona que no fuera de ese estricto sector y que tuviera su licencia pudiera participar en ese negocio.
Es decir, un ciudadano cualquiera no podría ni puede recoger usuarios y llevarlos de un sitio a otro bajo precio, al cometer intrusismo profesional, salvo que esté amparado por las correspondientes licencias.
Desde hace 20 años, el número de licencias de taxi permanece invariable siendo su número aproximado de unas 70.000 en todo el territorio nacional. El último año incluso, ha descendido las licencias por debajo de ese número y se da la circunstancia que una licencia cuyo trámite administrativo cuesta unos 500 euros se venda en el mercado secundario por cantidades que pueden superar los 150.000 euros.
Nuevas Aplicaciones
Pasado el primer decenio de este siglo, un nuevo fenómeno ha aparecido en el panorama nacional e internacional alterando el status quo del servicio tradicional de transporte de viajeros en turismo, de esta forma en nuestro país las aplicaciones UBER y CABIFY se han establecido en varias de nuestras principales ciudades y otras empresas como EASY TAXI, en centroamérica, Lyft, en EEUU o Didi Chuxingen, China, por poner algunos ejemplos, lo han hecho de forma similar en otras latitudes.
Estos servicio han aprovechado las nuevas tecnologías para ampliar el funcionamiento y contratación de los servicios de coches de contratación directa, tales como limusinas o coches de lujo o alta gama con chófer y han creado una competencia inesperada en el sector del taxi, al entrar en el mercado, por su fácil acceso a través de las aplicaciones móviles y por sus precios asequibles al público mayoritario, lo que ha provocado una gran protesta en el sector y recientes huelgas y protestas masivas de los taxistas, ante un desconcertado público que empezaba a estar acostumbrado a la coexistencia de todos los servicios.
El hecho de no poder detener el vehículo en lugares que les den el alto en la calle, no poder estar en lugares estratégicos, no poder estar en circulación a la busca o recogida de viajeros, ya no es inconveniente dada la facilidad de contratación de sus servicios a través de una simple aplicación móvil.
La CNMC se ha pronunciado al respecto con un informe en contra de los intereses de los taxistas llegando a calificar de oligopolio la posición que ellos defienden y entendiendo que va en detrimento de la calidad del servicio y que los usuarios han de resignarse a subir en vehículos de más de 300.000 kilómetros y estar al capricho y humor de los taxistas, frente a los coches impolutos de Uber y Cabify cuyos conductores pueden ser calificados a través de internet por los usuarios y que, en muchas opiniones, han elevado la calidad del servicio y atención a los clientes.
Nuevos negocios
La realidad es que un gran negocio subyace en el conflicto y los grandes capitales que ya se han introducido en gran parte de los sectores de producción, en otro tiempo ocupados por autónomos o pymes, no van a dejar la oportunidad de hacerse con los enormes ingresos que este sector origina.
Según fuentes no oficiales, la facturación de un taxista es bastante variable, dependiendo del mes y lugar de servicio si bien sus ingresos rondan en el marco de los 1.200 a los 6.000 euros al mes, siendo bastante fiable que los rendimientos mensuales netos/medios de un taxista podrían estar entre los 2.000 y los 3.000 euros al mes dependiendo la plaza donde trabaje, mientras que un conductor contratado en Uber o Cabify cobra entre 1.000 y 1.200 euros al mes.
Por un lado nos encontramos con que la diferencia entre esos ingresos se los lleva la empresa, de tal manera que un grupo muy reducido de personas accederán, por esta vía de introducir sus vehículos esquivando a través de las nuevas tecnologías los inconvenientes de la contratación del turismo para trasporte en servicio único y tal vez utilizando el dumping ( cobro a bajo precio para acabar con la competencia) a los ingresos que antes disfrutaban únicamente los taxistas.
Por otro lado, a nivel general, todos los ciudadanos podemos vernos indirectamente perjudicados por el incuestionable detrimento en la caja común, ya que estas plataformas a través de cierta ingeniería fiscal que lleva a la elusión de impuestos prácticamente no tributan en nuestro país (lo hacen entre otros lugares en los Países Bajos o EEUU) y en todo caso por cantidades muy inferiores a las aplicadas a los propios taxistas obligados por el régimen general de tributación, normalmente IRPF.
En una sociedad, cada vez menos proteccionista y donde el pez grande se come al chico, parece que los taxistas lo tienen complicado, de momento entre el 20 y el 40% del mercado parece que se les ha ido de las manos.
En este momento de confrontación, nuestras principales ciudades Barcelona y Madrid han optado por soluciones diferentes, en Barcelona con el cese de funcionamiento de las aplicaciones Uber y Cabify en Madrid no, pero esto no ha sido más que el primer capítulo de una guerra en la que se cruzan intereses diversos y derechos a proteger de las distintas partes involucradas; libertad de mercado, concesión administrativa, derechos de los usuarios, monopolio, oligopolio, recaudación de impuestos, reparto de beneficios, autónomos bien retribuidos y trabajadores con salarios mínimos, beneficios empresariales…, toda una gran cantidad de ingredientes de intereses diversos que parece dar a entender que, a no mucho tardar, finalizará con la previsiblemente inevitable reestructuración del sector.