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Nuestro compañero, Eladio de la Concha, candidato a la Alcaldía de Gijón

noticias-General 1 de mayo, 2019

Nuestro compañero y actual director del despacho en Gijón, Eladio de la Concha, encabezará la candidatura de Vox a la alcaldía del Ayuntamiento de esta ciudad, en las próximas elecciones municipales.

De la Concha se incorporó a nuestro equipo hace dos años y es el encargado de la expansión y coordinación de la firma así como de la relación con los clientes. Su experiencia profesional ha resultado clave para coordinar a un grupo de gente joven, al frente de un despacho que creció  desde la nada y que es referente nacional en la lucha contra las malas prácticas bancarias y la delincuencia económica.

Este gijonés de 1959, es un profesional versátil, capaz de adaptarse a los continuos cambios que experimenta el mundo del Derecho, además de gran profesional, con experiencia y formación. Eladio De La Concha ha desarrollado la abogacía en Gijón durante más de 30 años en su propio despacho.

Desde Espacio Legal abogados queremos aprovechar la oportunidad para desearle éxito en su nueva andadura política, agradecerle el trabajo realizado en estos últimos  años al frente del despacho y reconocer su buen hacer como gestor. 

En palabras de nuestro fundador y director, Marcelino Tamargo Menéndez “Eladio es un gran abogado, que tiene una capacidad de trabajo brutal, que puede desempeñar gracias a su gran fortaleza física y mental”.

De la Concha fue estudiante de Bachiller en los Jesuitas y de Derecho en la Universidad de Oviedo y es una figura reconocida en la ciudad por su trayectoria profesional y su vinculación a entidades sociales. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Gijón y presidente del Rotary Club de la ciudad, del que sigue siendo miembro y en el que participa activamente. Asimismo, pertenece a una familia de gran raigambre en la ciudad. Es el sexto hijo de los trece que tuvieron el matrimonio formado por el doctor y mecenas Eladio de la Concha y la novelista Matilde García-Mauriño. 

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LO QUE SUBYACE DETRÁS DEL CONFLICTO DEL TAXI

Otras Noticias Espacio Legal 25 de febrero, 2019

El sector del taxi está viviendo una reconversión. El libre mercado impone sus reglas y un sector que gozaba de un status quo bien legislado y donde no existía la competencia desleal se está viendo alterado por la proliferación de las aplicaciones UBER y CABIFY que permiten la contratación directa de servicio de coches, generando una competencia inesperada en este sector que necesita, forzosamente, de nueva legislación que permita la coexistencia de todos los servicios

Eladio de la Concha García-Mauriño
Letrado- Especialista en Mediación
En los últimos tiempos, el sector del taxi se encuentra convulso. Los usuarios, desconocedores de los problemas del sector, observan, casi atónitos, los enfrentamientos entre profesionales de la conducción privada de pasajeros, llegando, en algún caso, a ser víctimas de alguna agresión por el mero hecho de utilizar un medio de trasporte libremente escogido.
En un mundo de libre mercado, el consumidor final se pregunta ¿Cómo es posible que no se pueda acceder al medio de trasporte que desee y decida contratar? La cuestión es bastante más difícil de contestar de lo que aparenta inicialmente.

Antecedentes

En nuestro país, hasta hace unos años, el taxi era prácticamente el único medio de transporte en turismo particular para servir al ciudadano en desplazamientos urbanos e interurbanos, existiendo otros servicios con otra reglamentación y minoritariamente utilizados, tales como limusinas o coches de lujo, los cuales precisaban una licencia distinta y estaban sujetos a otra normativa, uso y forma de contratación, de tal forma que unos y otros no entraban en competencia directa.
Dicho sector del taxi estaba y está estrictamente reglamentado y los Ayuntamientos deciden el número de licencias, las paradas existentes, los lugares estratégicos para cubrir sus servicios, como estaciones de trenes o aeropuertos, las tarifas, los horarios y básicamente todas las cuestiones relativas a su funcionamiento al tratarse de una concesión administrativa.
Los taxistas, por tanto, constreñidos, por un lado por esa reglamentación, gozaban, por otro lado, de una protección que hacía que ninguna otra persona que no fuera de ese estricto sector y que tuviera su licencia pudiera participar en ese negocio.
Es decir, un ciudadano cualquiera no podría ni puede recoger usuarios y llevarlos de un sitio a otro bajo precio, al cometer intrusismo profesional, salvo que esté amparado por las correspondientes licencias.
Desde hace 20 años, el número de licencias de taxi permanece invariable siendo su número aproximado de unas 70.000 en todo el territorio nacional. El último año incluso, ha descendido las licencias por debajo de ese número y se da la circunstancia que una licencia cuyo trámite administrativo cuesta unos 500 euros se venda en el mercado secundario por cantidades que pueden superar los 150.000 euros.

Nuevas Aplicaciones

Pasado el primer decenio de este siglo, un nuevo fenómeno ha aparecido en el panorama nacional e internacional alterando el status quo del servicio tradicional de transporte de viajeros en turismo, de esta forma en nuestro país las aplicaciones UBER y CABIFY se han establecido en varias de nuestras principales ciudades y otras empresas como EASY TAXI, en centroamérica, Lyft, en EEUU o Didi Chuxingen, China, por poner algunos ejemplos, lo han hecho de forma similar en otras latitudes.
Estos servicio han aprovechado las nuevas tecnologías para ampliar el funcionamiento y contratación de los servicios de coches de contratación directa, tales como limusinas o coches de lujo o alta gama con chófer y han creado una competencia inesperada en el sector del taxi, al entrar en el mercado, por su fácil acceso a través de las aplicaciones móviles y por sus precios asequibles al público mayoritario, lo que ha provocado una gran protesta en el sector y recientes huelgas y protestas masivas de los taxistas, ante un desconcertado público que empezaba a estar acostumbrado a la coexistencia de todos los servicios.
El hecho de no poder detener el vehículo en lugares que les den el alto en la calle, no poder estar en lugares estratégicos, no poder estar en circulación a la busca o recogida de viajeros, ya no es inconveniente dada la facilidad de contratación de sus servicios a través de una simple aplicación móvil.
La CNMC se ha pronunciado al respecto con un informe en contra de los intereses de los taxistas llegando a calificar de oligopolio la posición que ellos defienden y entendiendo que va en detrimento de la calidad del servicio y que los usuarios han de resignarse a subir en vehículos de más de 300.000 kilómetros y estar al capricho y humor de los taxistas, frente a los coches impolutos de Uber y Cabify cuyos conductores pueden ser calificados a través de internet por los usuarios y que, en muchas opiniones, han elevado la calidad del servicio y atención a los clientes.

Nuevos negocios

La realidad es que un gran negocio subyace en el conflicto y los grandes capitales que ya se han introducido en gran parte de los sectores de producción, en otro tiempo ocupados por autónomos o pymes, no van a dejar la oportunidad de hacerse con los enormes ingresos que este sector origina.
Según fuentes no oficiales, la facturación de un taxista es bastante variable, dependiendo del mes y lugar de servicio si bien sus ingresos rondan en el marco de los 1.200 a los 6.000 euros al mes, siendo bastante fiable que los rendimientos mensuales netos/medios de un taxista podrían estar entre los 2.000 y los 3.000 euros al mes dependiendo la plaza donde trabaje, mientras que un conductor contratado en Uber o Cabify cobra entre 1.000 y 1.200 euros al mes.
Por un lado nos encontramos con que la diferencia entre esos ingresos se los lleva la empresa, de tal manera que un grupo muy reducido de personas accederán, por esta vía de introducir sus vehículos esquivando a través de las nuevas tecnologías los inconvenientes de la contratación del turismo para trasporte en servicio único y tal vez utilizando el dumping ( cobro a bajo precio para acabar con la competencia) a los ingresos que antes disfrutaban únicamente los taxistas.
Por otro lado, a nivel general, todos los ciudadanos podemos vernos indirectamente perjudicados por el incuestionable detrimento en la caja común, ya que estas plataformas a través de cierta ingeniería fiscal que lleva a la elusión de impuestos prácticamente no tributan en nuestro país (lo hacen entre otros lugares en los Países Bajos o EEUU) y en todo caso por cantidades muy inferiores a las aplicadas a los propios taxistas obligados por el régimen general de tributación, normalmente IRPF.
En una sociedad, cada vez menos proteccionista y donde el pez grande se come al chico, parece que los taxistas lo tienen complicado, de momento entre el 20 y el 40% del mercado parece que se les ha ido de las manos.
En este momento de confrontación, nuestras principales ciudades Barcelona y Madrid han optado por soluciones diferentes, en Barcelona con el cese de funcionamiento de las aplicaciones Uber y Cabify en Madrid no, pero esto no ha sido más que el primer capítulo de una guerra en la que se cruzan intereses diversos y derechos a proteger de las distintas partes involucradas; libertad de mercado, concesión administrativa, derechos de los usuarios, monopolio, oligopolio, recaudación de impuestos, reparto de beneficios, autónomos bien retribuidos y trabajadores con salarios mínimos, beneficios empresariales…, toda una gran cantidad de ingredientes de intereses diversos que parece dar a entender que, a no mucho tardar, finalizará con la previsiblemente inevitable reestructuración del sector.

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Espacio Legal también sentará en el banquillo a Emilio Saracho, Ángel Ron, miembros de la cúpula directiva del Popular y a PWC por la venta de acciones del Banco.

Notas de prensa Portada Portada 21 de noviembre, 2017

El Juez Fernando Andreu, que se encarga de la “macrocausa” abierta en la Audiencia Nacional para investigar el hundimiento del Banco Popular, ha admitido a trámite la denuncia presentada por el letrado Marcelino Tamargo Menéndez, en el que se piden responsabilidades por un delito de estafa y otro de falsedad contable por la venta de 200.000 acciones a una sociedad mercantil, pocos meses antes de la compra por parte del Banco Santander al precio simbólico de un euro. Tamargo argumenta que el Popular ofreció datos falsos sobre sus cuentas anuales, para dar una apariencia de solvencia económica que no tenían y con el único fin de captar el mayor número de inversores posibles.

Gijón, 16 de noviembre de 2017

Desde que hace unos años Espacio Legal se convirtiera en el primer despacho de España en conseguir una sentencia condenatoria contra un banco, por uno de los denominados “productos basura”, no ha dejado de luchar contra las malas prácticas de las entidades y se ha convertido en un referente nacional en el ámbito del Derecho Financiero y Bancario. Por eso no es de extrañar que se haya convertido en uno de los abanderados en la causa que mantienen los accionistas y bonistas del Banco Popular contra la entidad, tras su venta al Banco Santander, y que supuso para ellos la pérdida de todos los activos que habían adquirido.

Marcelino Tamargo, Director y Fundador de Espacio legal Despacho de Abogados.

En la denuncia por estafa y falsedad contable presentada por Marcelino Tamargo ante el Juez Andreu, en representación de una Sociedad Mercantil, el letrado considera que, los miembros del consejo de Administración del Banco Popular “proyectaron una imagen falsa, ajena a la realidad económica de la entidad, con el fin de captar el mayor número de inversores a sabiendas de la falsedad de su estado contable y del virtual estado de insolvencia general que padecía el Banco”, para Tamargo esta información sesgada fue lo que hizo que los accionistas confiaran e invirtieran en títulos.  Además, el Popular nunca advirtió a la CNMV de que hubiera algún tipo de problema, más bien todo lo contrario. Ante las noticias publicadas en algunos medios de comunicación, le hizo saber que no había riesgo de quiebra. A todo esto hay que sumar, que pese a ser conocedores de la situación, el banco entregó 7,27 millones a los administradores entre enero y junio, además de pagar al ex presidente, Emilio Saracho una prima de cuatro millones por los 107 días que ocupó el cargo o aportar  3,4 millones para pensiones de los consejeros, entre otros gastos que aparecen en el último informe anual entregado por el Banco Popular.

En el caso de la Sociedad Mercantil, a la que representa Espacio Legal, fue exactamente eso lo que ocurrió. Compró las 200.000 acciones en febrero y abril de 2017 (la adquisición por parte del Santander se produjo en Junio) basándose “ en la información pública auditada y supervisada que desde el Banco Popular se suministró como garante de la inversión y que resultó ser falsa, provocando la pérdida total de las inversiones realizadas”.

Por todos estos motivos, desde Espacio Legal, se ha formulado denuncia por un delito de estafa de los artículos 248 y 249 del Código Penal, y un delito de falsedad contable frente a Banco Popular S.A., así como frente al Consejo de Administración de Banco popular, sus presidentes D. Ángel Ron Y D. Emilio Saracho y frente a Pricewaterhousecoopers Audítores S.L.

La denuncia ha sido admitida por el juez Fernando Andreu, que instruye la causa asignada al Juzgado Central de Instrucción nº cuatro de la Audiencia.

El Banco Santander compró por un euro el Banco Popular el 7 de junio de 2017 mediante el Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) ante el riesgo de quedarse sin liquidez suficiente para atender a sus clientes. Fue la primera vez que se adoptaba esta drástica medida en Europa , que supuso que los 300.000 accionistas de la entidad y los titulares de bonos subordinados y convertibles perdieran toda su inversión. Ahora esos afectados empiezan a reclamar sus derechos y serán los tribunales los que decidan sobre la legalidad de la operación.

 

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SER Avilés – Juicio abogada avilesina presunta estafa

Sin categoría 25 de octubre, 2017

Marcelino Tamargo habla en SER Avilés sobre el juicio de la abogada avilesina acusada de presunta estafa

Información recogida por SER Avilés en el informativo Hora 14 el 24 de Octubre de 2017, sobre la suspensión del juicio de la abogada avilesina acusada de una presunta estafa y defendida por Marcelino Tamargo, de Espacio Legal Despacho de Abogados.

 

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Espacio Legal

Espacio Legal cuenta con sedes en Madrid, Gijón, Barcelona y Málaga. Desde ellas trabajamos en toda España y cualquier país en el que nuestros clientes tengan intereses. Somos pioneros en la lucha contra las malas prácticas bancarias, labor que se nos ha reconocido con la concesión del premio “El Suplemento 2016” en la categoría de Derecho Financiero. A día de hoy nos ocupamos de todo tipo de especialidades jurídicas.

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