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El Colegio Oficial de Mediadores de Seguros de Asturias, representado por el despacho gijonés Espacio Legal, se ha personado como acusación particular en una querella contra Caja Rural de Asturias por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secreto, conforme al artículo 197.2 del Código Penal, relativo al Mercado y los Consumidores, por presunta revelación de secreto de bases de datos de sus clientes en la tramitación de seguros.

La querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo a instancias de la Fiscalía de Asturias, por un posible delito de uso fraudulento de datos privados de clientes por parte de Caja Rural de Asturias. Desde hace años, los mediadores de seguros colegiados de Asturias llevan denunciando ante la organización colegial esta práctica por parte de las entidades bancarias, alertados por los propios clientes.

El pasado mes de septiembre, el Colegio de Mediadores de Seguros de Asturias remitió los hechos a la Fiscalía para su valoración. Tras analizar la documentación remitida, la Fiscalía formuló denuncia por estos hechos ante el Juzgado de Guardia. La organización colegial se sirvió de los servicios de un detective privado para confirmar las sospechas del presunto uso fraudulento por parte de esta entidad financiera de los datos privados de sus clientes.

Supuestamente, Caja Rural de Asturias obtiene estos datos, sin que medie autorización previa de sus clientes, a través de los recibos de las pólizas de seguros contratadas por sus clientes con otras compañías y domiciliados en la entidad. Datos personales y de carácter privado que utiliza para ofrecerles seguros de la propia Caja Rural para la obtención de un beneficio propio. Incurriendo así, no solo en una flagrante violación de la normativa de protección de los datos personales (LOPD 15/1999, actual RGPD 2016/679), sino, además, llegando a incurrir en las conductas descritas en el tipo penal del artículo 197.2 C.P. y 278 del mismo texto legal.

Para el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Asturias, Reinerio A. Sarasúa Serrano, no se trata de una práctica aislada. «Como prueba evidente –señala el presidente de la organización colegial- desde hace varios años, las compañías aseguradoras omiten la mayoría de los datos de los recibos que envían al cobro bancario, al detectar que la información recogida en los mismos era utilizada por la entidad financiera, sin que hubiera mediado autorización de ningún tipo por parte del cliente, para ofertarle seguros comercializados por el banco».

La organización colegial valora muy positivamente que la Fiscalía haya denunciado estos hechos ante el juez, pues es una práctica muy extendida y no siempre denunciada por los afectados. «En muchos casos, los usuarios -especialmente los que no tienen mediador- no denuncian estos hechos porque la entidad financiera utiliza la comercialización de seguros como trueque con otros “beneficios”: no cobrar la renovación de tarjetas de crédito, adelanto de nóminas, etcétera», explica el presidente de la organización colegial.

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